Para el Consejo Deliberante de San isidro se trata de una cuestión vital, pero desde las oficinas del rey momo del ambiente José Molina parece que la tónica es no contestar a los ediles. La semana comenzó con una sesión donde el Consejo volvió a poner el acento en la falta de respuesta del gobierno provincial. El tema es que se trata de un problema conceptual donde el ambiente parece que es visto desde el organismo que conduce Molina como socio de los desarrollos inmobiliarios. Parece que poca importa el cumplimentar con los requisitos mínimos de autoridad de aplicación que acercaría más a un incumplimiento de los deberes de funcionario público que a otra cosa. Se suma la falta de expertos capaces de analizar o proyectar planes. 
El tema es que para el Consejo Deliberante de San Isidro reiteró por unanimidad su pedido al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible para que implemente un Plan Rector para el Desarrollo Sustentable del Delta del Paraná. Esto ya se había solicitado en la sesión del 7 de Octubre de 2009 a través de la Resolución N° 08/09, pero aún no obtuvo respuesta por parte de la Provincia. Se trata de "preservar las costas ribereñas del Municipio de San Isidro y distritos cercanos frente al avance de urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios y comerciales", dice el expediente. Y hace referencia particularmente al emprendimiento llevado a cabo por la firma Colony Park S.A. en la primera sección de islas del Delta del Paraná, en Tigre.

Por eso, le solicitó al gobernador Daniel Scioli que "arbitre las medidas pertinentes a fin de que se suspendan todos los emprendimientos y/o procesos administrativos que tengan por finalidad desarrollos inmobiliarios en área de referencia. Y si corresponde que la Provincia inicie las acciones judiciales pertinentes conforme al artículo 28 de la constitución provincial".

La resolución del Concejo afirma que "las construcciones que realizó Colony Park sobre los terrenos precitados ya afectaron los humedales y cursos de agua existentes, constituyendo un hecho consumado gravísimo, que no puede ser convalidado por una audiencia pública ambiental posterior".

Por gestiones del municipio de San Isidro, semanas atrás el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) suspendió por 90 días la audiencia que iba a realizarse el pasado 23 de Febrero en el H.C.D. de Tigre y que tenía como finalidad informar a la comunidad sobre el accionar de esta empresa.

El OPDS es el organismo de control medioambiental encargado de aprobar la evaluación de impacto ambiental previa, tal como exige el artículo 5 la ley provincial N° 11.723. Asimismo, la justicia federal de San Isidro frenó este proyecto urbanístico.

"La Audiencia postergada y el estudio obligatorio de impacto ambiental se realizarían sobre una obra con principio de ejecución, que ya produjo daños al medio ambiente. Se trata de un ilícito que no podrá reparase con actos posteriores", finaliza el documento. El organismo conducido por Molina trazó como estrategia el llamado a una audiencia pública que terminó en un fracaso.