Es por el caso de la toma en Villa Soldati y la consecuente falta de respuesta por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación. Para la Asociación de Magistrados la falta de ejecución de la orden emanada por el  Juez Federal de Quilmes, Luis Armella, se debió a la falta de colaboración por parte de las fuerzas públicas de seguridad nacional y metropolitana.

En el marco de la causa “Mendoza, Beatriz y Otros s/Ejecución de Sentencia”, cuyo cumplimiento le fuera delegado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que se vincula con el saneamiento de la cuenca del Río Matanza –Riachuelo, Armella Magistrado dispuso el allanamiento y posterior desalojo de un complejo habitacional destinado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, (ACUMAR) y la Corporación Buenos Aires Sur Sociedad del Estado, a la reubicación de habitantes de zonas ribereñas riesgosas y a raíz de lo peticionado en aquel expediente por el primero de los organismos citados.

Para la ejecución de tales diligencias Armella requirió de los Ministerios de Seguridad de la Nación y Justicia y  Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las fuerzas públicas a su cargo cumplieran con la manda el día 10 de marzo del corriente año a las 08:00 horas, la que no pudo llevarse a cabo por la falta de  asistencia de los organismos requeridos.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional comunicó “que las decisiones adoptadas por los Jueces dentro del ámbito de su competencia y dirigidas a los organismos legalmente obligados a auxiliarlos sean acatadas y cumplidas de inmediato, sin que quepa interpretación alguna por parte de aquéllos”.

“Situaciones como la presente nos obligan a enfatizar el sostenimiento de nuestra inquebrantable defensa de la independencia del Poder judicial y del respeto por la investidura y jurisdicción de los Magistrados, ante la improcedente intromisión de otros poderes públicos.”