A la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti le bastó la presentación de un escrito para desprenderse de la citación sin despeinarse. La lista de irregularidades es muy amplia e incluye qué hizo con cerca de 22 millones de pesos que manejó en una decena de proyectos durante su gestión en la Secretaría de Ambiente. El fiscal Guillermo Marijuán, la señaló por presunta responsabilidad en el desvío de fondos públicos a través de distintos mecanismos que van desde la falta de rendición de cuentas y la aparición de gastos “irrisorios” hasta el uso injustificado de aviones privados. También en la causa está involucrado el senador electo Luis Juez, por el destino dudoso de 650 mil pesos que recibió (de Picolotti) para obras de saneamiento en sus tiempos de intendente cordobés.

La ex funcionaria presentó ayer un escrito ante el juez federal Gabriel Lijo, que está subrogando a su colega María Servini de Cubría, quien tiene a su cargo la causa en la que se investiga a Picolotti.

La ex funcionaria del gobierno de Kirchner rechazó los cargos que le imputó el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, quien había determinado que Picolotti había nombrado a "familiares y amigos" en su dependencia y que había gastado unos 100.000 pesos en vuelos privados. También le reclama haber firmado convenios con la Fundación ArgenInta, para ejecutar programas ambientales por $ 67 millones y US$ 20.000, y haber suscripto con la Municipalidad de Córdoba, en ese entonces en manos de Luis Juez, un acuerdo para otorgarle $ 650.000 para aplicar en programas ambientales.

Picolotti, en su escrito, rechazó las imputaciones. Con respecto a la contratación de "familiares y amigos", admitió que había nombrado como su jefe de asesores a su hermano Juan  (el que alquiló en Puerto Madero), pero dijo que se trataba de un funcionario "idóneo" y que contaba con antecedentes académicos como para ocupar esa función. Afirmó que se desempeñó como docente en la universidad y que realizó posgrados en el extranjero.

Luego enumeró los antecedentes de los principales funcionarios, aunque se le cuestiona haber nombrado 250. Picolotti dijo que eran necesarios para desplegar una tarea de control ambiental que no se había hecho hasta ese momento. Durante su gestión, dijo, se realizaron 8000 inspecciones y se efectuaron 120 clausuras. Y afirmó que fue necesario contratar parte del personal para trabajar sobre la cuenca del Riachuelo-Matanza, sobre lo que luego la Corte condenó al Estado nacional, a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia, por demoras en el saneamiento.

En un extenso dictamen Marijuán les imputa los delitos de malversación de fondos, violación de sus deberes como funcionarios públicos, defraudación y fraude en perjuicio de la administración pública. Todos son excarcelables. Picolotti, cordobesa, fue nombrada al frente de la secretaría ambiental por el gobierno de Néstor Kirchner en julio de 2006, en medio del conflicto por las papeleras. Como ejemplo de gastos se señala que según una rendición por 90 mil pesos incluye ochenta remeras, veinte buzos, 4500 paquetes de regalo, carteles, folletos, 5500 escarapelas, mil plantas aromáticas, una animación artística, publicidad y un servicio de audio, entre otras cosas.

Por otra parte también se cuestiona la contratación indiscriminada de familiares y amigos que al decir del fiscal , “no parece haberse ajustado al principio de racionalidad a lo largo de su gestión”.

En otro proyecto, el de conservación de especies de iguanas, se gastaron cientos de pesos en sidras, nueces, turrones y vinos, también en tintorería, estacionamiento, lavautos y autopartes. En el de conservación de la especie Loro Hablador se facturaron servicios profesionales sin especificar cuáles, además de viáticos imprecisos, rulemanes y remedios como Migral. Para el de monitoreo de zorros figura el pago de 4000 pesos en autopartes y hasta aparece la compra de un reloj despertador. El Proyecto Curiyú reporta honorarios por 20 mil pesos, pero no hay ni un documento que explique en qué consistió el trabajo. La organización de una reunión del comité de lucha contra la desertificación en 2007 se llevó 6,2 millones de pesos.

“Los fondos públicos asignados” a Picolotti “han sido no sólo infielmente administrados sino que además habrían tenido una aplicación diferente a aquella a la que estaban destinados”, concluye el fiscal.