El gobernador de la provincia de Buenos Aires es el responsable de la represión sufrida por vecinos de Vicente López por parte de las fuerzas policiales. La Asociación Civil PRO VICENTE LOPEZ, envió una Carta Documento al gobernador Daniel Scioli para  formalizar la denuncia sobre la represión policial ocurrida días pasados. Para los vecinos de Vicente López el Gobierno provincial quiso demostrar en cómo es su Política de Seguridad de tolerancia cero en el manejo de conflictos sociales.

Esto se enmarca en la oposición que los vecinos llevan adelante contra una obra denominada Vial Costero que acabaría con un paseo público para convertirse en un megadesarrollo inmobiliario. En este sentido el día 17 un grupo de vecinos se hizo presente para acompañar a un conjunto de jóvenes que acampan en el predio. Los vecinos al intentar acceder a la ribera fueron interceptados por un cordón policial  de los cuerpos de infantería, caballería y de calle, que cargó bastonazos y golpes de escudo con un nivel de represión inusitado sobre quienes pujaban pacíficamente con las manos vacías para acercarse. Los que intentaron flanquear el retén policial terminaron detenidos.

El Colegio de Abogados de San Isidro  emitió una declaración –según puede leerse en su página web–  denunciando la obstaculización del libre ejercicio profesional de un colega  “que patrocina en distintas acciones judiciales a los vecinos por la construcción del vial costero”, y destacando una rápida intervención entrevistando al Juez de Garantías por haberse aprehendido al letrado.

También detuvieron a un Concejal que quiso caminar por el área,  ignorando que la Ley 6769 en forma expresa señala la imposibilidad de detener a un concejal sin orden o resolución de un Juez competente, haciéndole padecer violencia física y moral al ser esposado, atropello insólito a los fueros de un representante del Pueblo. Las fuerzas del orden que no escatimaron esfuerzos en usar la violencia, no han obedecido ningún pronunciamiento de un magistrado del Poder Judicial. El Superintendente de Zona Norte de la policía dice que se actuó en base a la orden de decomiso de elementos de los manifestantes librada por un juez municipal de faltas, pero se trató de un desalojo encubierto, ya que los presentes fueron desplazados y a los que permanecían sobre los árboles, bajo la amenaza de abrir los grifos de las mangueras de un destacamento de bomberos también presente, se les negó la posibilidad de permanecer en el lugar.