Al juez Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Quilmes, le debe llevar mucho tiempo ocuparse todo el tiempo de recordar al Acumar que deber hacer esto o aquello. Y no estamos hablando de cuestiones finitas y si del grueso de las cuestiones. En una nueva manda Armella exigió no obstaculizar los procesos de relocalización de asentamientos ubicados en la cuenca Matanza Riachuelo dispuestos en el marco de la causa “Mendoza”, donde la Corte Suprema de Justicia ordenara la puesta en marcha de un plan integral de saneamiento de esa zona hídrica.

En este sentido le hace saber al Sr. Presidente de la Autoridad de Cuenca contemplada en la Ley 26.168, Dr. Juan José Mussi, a los Sres. representantes del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ante esa autoridad (miembros del Consejo Directivo), que deberán denunciar cualquier intromisión de la que tomaren conocimiento, que de algún modo contraríen los términos expresados en la presente, y arbitrar las medidas necesarias a esos fines.

También le requiere a la Secretaria General de la Autoridad de Cuenca, Dra. Daniela Olivetto, notifique la presente en forma urgente y personal, bajo debida constancia a los representantes ante esa autoridad del Poder Ejecutivo Nacional, de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (miembros del Consejo Directivo), lo cual deberá ser acreditado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. O sea venció ayer miércoles.

Que a partir del Convenio Marco para el cumplimiento del Plan de Urbanización de Villas y Asentamientos precarios en riesgo ambiental de la Cuenca Matanza Riachuelo las partes intervinientes, el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, Gral. Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Pte. Perón y San Vicente, juntamente con la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo se obligaron a suscribir acuerdos generales en un período que no debía ser mayor a sesenta días.

Esto fue comunicado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación junto a este Juzgado, en la audiencia celebrada en la sede del máximo Tribunal a fines de septiembre del año pasado.

Dos meses después la ACUMAR presentó un listado de acuerdos generales y en virtud de ello el juzgado los conminó a denunciar en forma inmediata cualquier anomalía, y exigió la elaboración de un plan de relocalización de las villas y asentamientos que se encuentran sobre la traza que constituye el denominado “camino de sirga”.