Del informe presentado se desprende que recibe información tardía, desprolija, con inconsistencias y todo arroja un panorama sombrío para la cuenca del Matanza Riachuelo.  

La Auditoría General de la Nación presentó un informe del primer semestre del año 2010 sobre la asignación de fondos y la ejecución presupuestaria de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), del que se resalta que en dicho lapso la ejecución presupuestaria representa el 18%, detallándose en el mismo que este bajo porcentaje no es atribuible a la insuficiencia de las cuotas otorgadas para devengar el gasto.

Agrega en sus conclusiones que del análisis de las partidas en forma individual, se observa que los porcentajes mantienen similar nivel de ejecución, con la excepción de uno.

En cuanto al programa “Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza Riachuelo BIRF 7706- AC-” se destaca que no tuvo ejecución en el semestre auditado.

Además señala que en Abril de 2010 se firmó un convenio de colaboración con la Subsecretaría de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública por el cual se transfiere a la ACUMAR la suma de pesos veintitrés millones ($23.000.000) para constituir el fondo de compensación ambiental (art.9 de la ley 26.168), siendo la ACUMAR responsable de su administración, fuera de la órbita del Servicio Administrativo Financiero. Respecto del Programa de Fortalecimiento Social Ambiental (PROFORSA) no surge de los fondos presupuestarios analizados la asignación de créditos para dicho programa.

Además el informe manifiesta que algunas obras presentan ejecuciones físicas y financieras que no guardan una relación armónica y además, no mantienen un punto de equilibrio adecuado con relación a los plazos previstos en las planificaciones contractuales específicas para cada obra.

Asimismo añade que según la información del SIGADE el Préstamo N° 1059/OC-AR BID se encuentra ejecutado en un 54,2% y los fondos pendientes de desembolsos al 30/06/2010 ascienden a dólares estadounidenses 45.801.218,50.

Respecto de la verificación de los expedientes que respaldan las transferencias a Municipios informa que las rendiciones de cuenta presentadas por los mismos, en general no reúnen las condiciones mínimas que debe contener tal carga administrativa, tales como, nota de remisión que acredite fehacientemente la fecha en que tiene lugar la rendición, detalle de los fondos que se rinden con las imputaciones del gasto, y los respectivos comprobantes de respaldo. Además a su criterio presentan otras inconsistencias tales como falta de presentación en los plazos establecidos y rendiciones parciales e incompletas.

Asimismo detalla que son aprobadas a pesar de no cumplir con los requisitos que establece el organismo.

Con relación al servicio de Provisión de Agua, cuyo beneficiario es Aguas Danone Argentina S.A., señala que se mantienen las observaciones de informes anteriores, resaltando que los pagos realizados a la misma se continúan instrumentando bajo la figura de “Legítimo Abono”, el cual no cumpliría a su criterio con la normativa vigente en materia de contrataciones.

Asimismo, y advirtiendo que el plazo de entrega de los informes semestrales de dicho organismo (AGN) en las presentes, se ha extendido en algunos casos por un término mayor a seis meses posteriores al período auditado, sin perjuicio de las razones expuestas oportunamente y resultando necesario que se acorten los mismos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación establece que la Auditoría General de la Nación llevará un control específico de la asignación de fondos y de ejecución presupuestaria de todo lo relacionado con el Plan Integral de la Cuenca Matanza Riachuelo.

Del mismo modo para facilitar el control público de los fondos, dispone que la Autoridad de Cuenca deberá asignar un código de identificación de las partidas presupuestarias que tengan relación con la ejecución del programa.

En la audiencia celebrada del 16 de Marzo del Corriente, el Sr. Presidente de la Auditoría General de la Nación, Dr. Leandro O. Despouy, señaló: “que la A.G.N. auditó el ciento por ciento de las asignaciones presupuestarias identificadas por la ACUMAR, sin embargo,

solo representan el 8 por ciento del Programa Integral de Saneamiento Ambiental, lo que implica que el restante 92 por ciento del Plan no pudo ser auditado, por falta de identificación de las partidas presupuestarias. Por eso es que se insiste en la sabiduría de la Corte de poner expresamente, como obligación en el auditado, la identificación”.

Los restantes representantes dijeron que  es necesario requerir a los organismos de la Administración Pública pertinentes, que informen si han asignado el código único de identificación presupuestaria para determinar la totalidad de las asignaciones y ejecuciones que conforman el PISA.

Del mismo modo señalan, como estrictamente necesario y con relación a los fondos que la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asignan y ejecutan en obras y servicios comprendidos en el PISA, que los mismos acompañen los dictámenes emanados de los respectivos organismos de control, conforme a lo establecido en la cláusula segunda del convenio vigente, firmado entre la ACUMAR y la Auditoría General de la Nación.

En el mismo orden de ideas reclamaron la necesidad de que las rendiciones de cuentas presentadas por los Municipios a ACUMAR, conforme se desprende del último informe semestral, se realicen de manera más prolija, especialmente las descargas administrativas, a fin de poder llevar a cabo la tarea contable respectiva.

Por otra parte los organismos pertinentes de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que asignan y ejecutan obras y servicios comprendidos en el PISA, que acompañen los dictámenes emanados de los respectivos organismos de control, conforme a lo establecido en la cláusula Primera del convenio vigente firmado entre la ACUMAR y la Auditoría General de la Nación, el que en su parte pertinente expresa: “La ACUMAR, deberá proveer a la AGN los informes de auditoría con los dictámenes de los organismos de control de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los gastos que estas jurisdicciones realicen por si mismas, destinados al Plan integral de Saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo para ser incorporados a la presentación que la AGN deberá realizar ante el juzgado de Quilmes”

En este sentido Armella requirió al  Titular del Tribunal de Cuentas de la Pcia.

de Buenos Aires, y al Titular de la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que auditan las asignaciones de obras y servicios comprendidos en el PISA, en los próximos 10 días y acompañen los dictámenes emanados de los respectivos organismos de control.

Por su parte los titulares de los Municipios señalados deberán presentar las rendiciones de cuentas presentadas ante ACUMAR, de manera más prolija.

También le requirió al Presidente de ACUMAR, Dr. Juan José Mussi, que se cumpla lo convenido con la AGN.

Además a Mussi deberá identificar en forma precisa los funcionarios

involucrados a nivel nacional, provincial y/o comunal, en la asignación del

código único de identificación presupuestaria a efectos de determinar la totalidad de las asignaciones y ejecuciones que conforman el PISA.