La entrega de 320 mil hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola de soja toma ribetes de escándalo. El gobernador rionegrino Miguel Saiz hipoteca el suelo y el agua de la provincia por la friolera de 50 años por USS 1500  millones o sea apenas USS 3 millones por año.A consecuencia de este acuerdo un grupo de dirigentes ambientalistas radicó una denuncia penal contra el gobernador Miguel Saiz para que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, por la firma de los convenios en nombre del Estado rionegrino con la empresa estatal china Heilongjiang Beidahuang State Farm Business.
El abogado Federico Aliaga y el profesor universitario y Andrés Dimitriu, se presentaron en sede judicial para iniciar el trámite en el que dan cuenta de que Saiz "emprendió peligrosos negocios tendientes a la extranjerización del uso de las tierras rionegrinas mediante lo que sería el aseguro a la provincia de Heilongjiang de la explotación de una extensión de tierras cercana a las 320 mil hectáreas por el plazo de 20 años para la producción agrícola para el consumo de ese país asiático.

El acuerdo le otorga la explotación a una firma china por el término de 50 años a cambio de USS 1500 millones. En el mismo el gobierno cede el uso del agua, los terrenos -donde plantarán soja, colza y otros cultivos- y un puerto sin pagar impuestos.
El acuerdo del gobierno de Miguel Saiz es con Heilongjiang Beidahuang State Farm Business, la mayor productora de alimentos de China.

La particularidad de que no pagarán un solo peso de impuestos y tasas, así también como el tiempo concedido, despertó una fuerte oposición. 

Silvia Horne legisladora del Movimiento Evita-FPV presentó un proyecto de ley para rechazar el acuerdo, porque además del beneficio que genera la eximición impositiva se ceden por un precio irrisorio tierras y agua, el uso del puerto de San Antonio Este por 50 años con una renovación automática una vez cumplido el plazo. “Van a hacer negocio a costo del daño ambiental y de arrasar con los pequeños productores”, apuntó Horne al diario oficialista  Tiempo Argentino. Horne recordó que “antes de la firma pedimos informes a Saiz sobre el impacto ambiental y datos sobre la operación, pero nos los negaron diciendo que no había precisiones, y de un día para el otro nos amanecimos con el acuerdo firmado con todas estas irregularidades”. Luis Bardeggia, del Foro Rionegrino, y otro de los legisladores que pelea contra las irregularidades de Saiz y compañía, señaló ayer que el plan agroalimentario acordado con los chinos “tiene visos de inconstitucionalidad”, y agregó que “desde donde uno lo mire esto no cierra; es el propio Estado el que a un único actor, a un único inversor, le asegura 320 mil hectáreas, apoyo logístico, cobertura de todo tipo, el puerto, el aeropuerto de San Antonio y hasta el dictado de leyes acordes.”
La preocupación es cómo depredará económica y medioambientalmente a la provincia este acuerdo: según las ONG ambientalistas, se perderán las empresas familiares y pymes del agro, y se vaciarán y contaminarán los ríos. Es que, para producir sólo un kilo de poroto de soja la planta necesita entre 1500 y 1800 litros de agua, y para esas 320 mil hectáreas se contaminarían los ríos Negro y Colorado.
Para el presidente de la Funam, Raúl Montenegro, esta entrega de tierras “es ilegal porque viola tanto la Constitución Nacional como la de Río Negro, que exigen estudios de impacto ambiental previos a la firma de cualquier documento, y luego una audiencia pública para debatir el tema”. Montenegro calificó además “al negocio con los chinos como un neocolonialismo perverso, porque no se vende la tierra sino que se alquila por 50 años, quedando a China las ganancias y la renta, y a nuestro país la contaminación de las aguas que harán los plaguicidas”.