Molina es amigo de Rico y le debe gustar lo de la asonada. Ahora para el Director Ejecutivo del Organismo Provincial  para el Desarrollo Sostenible, las cenizas del volcán de su gestión, es una demanda de inconstitucionalidad por la Resolución donde reafirmaba la realización de una Audiencia Pública por el barrio cerrado Colony Park. Molina es un problema crónico de la democracia y del ambiente. En la presentación es acusado de lo que es: un mentiroso. El pinocho verde gusta del proselitismo coercitivo de llevar maestros a cambio de puntos y comprar miles de bolsas inútiles. Pero aquí el caso es de la lengua. Molina denomina proyecto, desarrollar y obras que se ejecutarían. Hasta aquí bien pero la realidad no es el potencial. Colony Park está casi  instalado sin que el Organismo haya cumplido al menos con algo de sus obligaciones. 

Según los abogados que presentan la causa Molina intenta licuar las penas que cargan las obranzas que fueron clausuradas el 30 de Noviembre del 2010 por la Jueza Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal en lo criminal Sec Nº 7 de San Isidro, tras haber consumado los más aberrantes crímenes hidrogeológicos en el santuario Puelches, cuya remediación nunca demoraría menos de 800 a 5000 años. Lo mismo hizo con el Parque Pereyra donde directamente lo loteó con favor al Ministerio de Asuntos Agrarios mientras declaró una nueva reserva sobre un basural e  inauguró un cuerpo de inspectores propios además de nombrar a familiares. Para Javier Amorrortu y el letrado patrocinante Ignacio Arabehety, “el  accionar ilegal del titular del OPDS convocando a audiencia pública cuando los crímenes son públicos y de vieja data, sólo busca acercar visos de legalidad a lo ilegal, con las consecuencias que esos frutos generan en los cimientos de la República. Este funcionario alimenta aberrantes dictaduras democráticas”.