Si en los próximos días el gobernador sigue sosteniendo al Director  Ejecutivo del Organismo Provincial  para el Desarrollo Sostenible, José Molina, es factible que pueda decirse que ha logrado vehiculizar la peor gestión ambiental que la provincia de Buenos Aires recuerde. Y además no sería nada raro que las demandas logren mezclarse en la campaña compitiendo con temas como seguridad, salarios, educación y otros. Tamaño logro de superar la gestión de Felipe Solá en lo malo no es para cualquiera. La demanda de inconstitucionalidad que recae sobre la gestión de Molina es un perla del collar del desatino y describe una de las peores piezas que un administrador pueda conseguir. Molina es un problema crónico de la democracia y del ambiente y nadie duda que representa lo peor de lo que comúnmente se denomina la vieja política.

En la presentación es acusado de mentir sobre un tema tan sensible como lo es el mayor sistema de humedal y de conservación, el delta bonaerense. Colony Park es un emprendimiento inmobiliario que deja claro que se puede avanzar sin que nadie lo detenga. Pero en el caso del OPDS el asunto es flagrante y esquizofrénico. El ambiente es para la gobernación de Scioli aquello que puede convertir un basural en una reserva provincial y un delta en un basural inmobiliario. Esta increíble historia puede extenderse al inmenso basural que el Ceamse cedió a Techint en Avellaneda donde se plantea crear otro desarrollo inmobiliario. Solo faltan los cementerios convertidos en urbanizaciones y el panorama podría completarse. Lo que no falta es el sentido del cotillón ambiental. 

En el caso específico de Colony Park los demandantes entienden que Molina denomina proyecto, desarrollar y obras a algo ya casi terminado.

Según los abogados que presentan la causa Molina intenta licuar las penas que cargan las obranzas que fueron clausuradas el 30 de Noviembre del 2010 por la Jueza Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal en lo criminal Sec Nº 7 de San Isidro, tras haber consumado los más aberrantes crímenes hidrogeológicos en el santuario Puelches, cuya remediación nunca demoraría menos de 800 a 5000 años.

Ese es el legado para la generación 3 R. Para Javier Amorrortu y el letrado patrocinante Ignacio Arabehety, entienden que  “el  accionar ilegal del titular del OPDS convocando a audiencia pública cuando los crímenes son públicos y de vieja data, sólo busca acercar visos de legalidad a lo ilegal, con las consecuencias que esos frutos generan en los cimientos de la República. Este funcionario alimenta aberrantes dictaduras democráticas”.Además entienden que aceptó la comisión de crímenes hidrogeológicos al no hacer la más mínima observación crítica al respecto del barrio San Sebastián en Zelaya, cuya audiencia pública fue celebrada después de cometidos estos crímenes; como si nunca hubieran escuchado hablar de ellos.

Similares disposiciones de clausura fueron ordenadas por la Jueza a cargo de la causa “ASOCIACIÓN CIVIL EN DEFENSA DE LA CALIDAD DE VIDA C/ COLONY PARK S.A S/ ORDINARIO” EXPTE. Nº 68660, tramitada por ante el Juzgado Civil Comercial Nº 11 del Depto. Judicial de San Isidro. Pero en lugar de evaluar los daños, el OPDS aprecia “oficiar de cabina de peaje”.

También se le imputa de no incorporar criterios hidrológicos que permitan ver los alcances de los artículos  2572 y 2577 del Código Civil y desde aquí advertir la condición pública de estos dominios.

Pero además en ese sitio había pobladores que vieron destruídas sus vidas sin más y que recuerda a la implementación de métodos de la dictadura.  Tampoco intervino sobre la modificación de costa y dragados.

Los querellantes dicen abiertamente lo que dice todo el mundo “cínico accionar bien se asimila con el de una cabina de peaje”, o sea el OPDS cobraría por desentenderse.  Los puntos de la presentación son extensos tanto como las omisiones y los socios. Allí entra la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires que entiende ni más ni menos que permisos y concesiones para el uso del agua y da pautas técnicas para la autorización de disponibilidad de explotación de aguas subterráneas y superficiales para riego, interesa en el control de calidad de efluentes, declara las emergencias hídricas, da moratorias para solicitudes de permisos de vuelco y /o explotación, genera certificados de prefactibilidad hidráulica para la instalación de invernaderos, entre otros, pero que aquí no observó nada. Entre otros desquicios la Resolución 234 del ADA del 18 de marzo de 2010. En la misma la letra lo dice todo:

LA PLATA, 18 de marzo de 2010

VISTO el expediente 2436-18.266/10 relacionado con la gran cantidad de

emprendimientos urbanísticos proyectados y/o ejecutados dentro del territorio de la

Provincia de Buenos Aires en los que existen lagos, lagunas o retenciones de agua con carácter ornamental paisajísticos o para prácticas deportivas que pueden afectar los recursos hídricos tantos superficiales, como subterráneos generando desequilibrios irreversibles, y

C O N S I D E R A N D O:

Que gran parte de ellos han sido construidos sin la presentación de la documentación técnica correspondiente y que aquellos que se proyecten en el futuro requieren la previa aprobación de la Autoridad del Agua, tal como lo estipula el artículo 94

del Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires (Ley Nº 12.257), quien deberá

determinar los requisitos a cumplir para proceder en ese sentido;

Los desequilibrios irreversibles serán después de todo los que estos dos socios de un mismo gobernador dejarán a las generaciones futuras junto a unas fotos con actores de cartón pintado.