La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el 14 de este mes un fallo que desestimó las objeciones que interpuso el Gobierno nacional al Proyecto Productivo Ayuí Grande, una inversión que impulsa un grupo de empresas agropecuarias para el departamento Mercedes en Corrientes. Los ministros del máximo órgano judicial de la Nación rechazaron el pedido de intervención formulado por Nación y declararon extinguido el proceso.
A mediados de septiembre de 2010 el Gobierno nacional presentó un recurso de amparo, argumentando que los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas no eran correctos, y el represamiento del Ayuí afectaría el curso del río Uruguay, poniendo en riesgo las relaciones con el vecino país.

Tras varios meses de análisis, la resolución de la CSJ rechazó el recurso interpuesto por la Nación y aceptó los argumentos del Gobierno de Corrientes.El texto de la Corte dice  “Se resuelve rechazar el pedido de intervención como terceros formulado y declarar extinguido el proceso”, y lleva la firma de los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Ma-queda y Carmen Argibay.

La UTE conformada por Copra por Pilagá SRL, Tupantuva SA, Santa Clara y Yuquerí SA y Estancia Ñú Verá, retomarán las obras en el término de un mes. La represa Ayuí Grande involucra al vicepresidente del Grupo Clarín, José Antonio Aranda y al financista George Soros.

En contrapartida con la visión que dio el gobierno correntino del fallo, las ONG que objetaron la construcción de la represa señalaron que la decisión de la Corte es correcta ya que su intervención no tuvo como cometido evaluar nada, sino requerirle al ejecutivo correntino la información que la Nación reclamaba sobre el emprendimiento.