Distintas organizaciones se pronunciaron a resistir al convocatoria a la Audiencia Pública convocada por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible para este viernes. Pese a la lista de interesados en participar las organizaciones presentan la necesidad de actuar en defensa del Delta y de la vida isleña. La trampa urdida y denunciada es que el organismo de Scioli llama para convalidar algo que ya está en sus finales y no generó actuaciones oportunas. Este viernes 1° de julio de 9 a 16 hs. el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) convoca a una Audiencia Pública por el emprendimiento Colony Park. La Ley General del Ambiente no avala esta audiencia pública ni el estudio de impacto ambiental presentado por Colony Park, porque debieran haber sido realizados previamente al inicio de la construcción. Colony Park inició las obras de construcción del barrio privado ilegalmente.

La cartera provincial tiene un ángulo oportunista para generar la política provincial. En este sentido disfraza los contenidos de conservación y de cumplimiento del plexo normativo. La estrategia de estos barrios que Molina vio crecer en Pilar no solo interpretan la lógica de lo 90, además generan exclusión y en este caso un compendio de aberrantes falta que atraviesa todos los aspectos de la condición humana y el ambiente.

Según los abogados que presentan la causa, Molina intenta licuar las penas que cargan las obranzas que fueron clausuradas el 30 de Noviembre del 2010 por la Jueza Sandra Arroyo Salgado del Juzgado Federal en lo criminal Sec Nº 7 de San Isidro, tras haber consumado los más aberrantes crímenes hidrogeológicos en el santuario Puelches, cuya remediación nunca demoraría menos de 800 a 5000 años.

Ese es el legado para la generación 3 R. Para Javier Amorrortu y el letrado patrocinante Ignacio Arabehety, entienden que  “el  accionar ilegal del titular del OPDS convocando a audiencia pública cuando los crímenes son públicos y de vieja data, sólo busca acercar visos de legalidad a lo ilegal, con las consecuencias que esos frutos generan en los cimientos de la República. Este funcionario alimenta aberrantes dictaduras democráticas”.Además entienden que aceptó la comisión de crímenes hidrogeológicos al no hacer la más mínima observación crítica al respecto del barrio San Sebastián en Zelaya, cuya audiencia pública fue celebrada después de cometidos estos crímenes; como si nunca hubieran escuchado hablar de ellos.