El sistema judicial suele andar a lomo del miso burro que pone el estado. Así es el caso del Riachuelo donde todo es deuda. Las doce empresas que no desalojaron el camino de sirga del Riachuelo que fueron embargadas preventivamente por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, es una muestra de impotencia. Un embargo de estas características es una medida judicial tibia. El carácter preventivo no es ni más ni menos que fijar un monto para asegurar algo, muy lejos de lo que les toca a los pobres a la hora de un desalojo. En este último caso no faltan la concurrencia de toda la fuerca pública combinada, incluidos bomberos, para terminar con un final de topadoras.

Las 258 resoluciones judiciales, se contraponen con la suma de 55.000 pesos de multas a funcionarios. Si fuera una balanza el plato estaría inclinado. Algo sucede en la apreciación de la cuenca, un recurso que reemplaza a una cloaca mal usada. A esta altura pensar en la palabra demorado es bastante bondadoso. Lo real es desidia en un juego donde el estado y la justicia hacen que hacen en mera retórica.

Las 584 audiencias, y las 2052 cédulas en una causa que cuenta con 29.011 fojas, son igual al camino de lo no operable. La abundancia asegura la no aptitud.

Los casos judicializados por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, a través de la implementación de la traba de embargos preventivos sobre las empresas renuentes a las tareas liberatorias del apuntado “camino de sirga” es en el universo la nada misma.

Dichos embargos preventivos, han sido impuestos con el objeto de asegurar los fondos necesarios para la ejecución de las obras de corrimientos en caso de que las empresas responsables intentaran evadir esa responsabilidad, evitando así cualquier tipo de dilación que pueda afectar el fiel cumplimiento de los objetivos fijados (liberación del camino de sirga) a fin de asegurar la percepción futura de los gastos que irrogan tales medidas.

El estado no necesita solo embargar, necesita construir la credibilidad de saneamiento y fin de la ilegalidad. Creerse que una medida pequeña está “consolidada como la herramienta legal eficiente e indispensable”, es muy poco. Para entenderlo basta leer un párrafo de la gacetilla de prensa oficial. “Con esa misma finalidad de que las empresas obstructivas asuman el compromiso y la necesidad de acatar de modo eficiente y concreto las decisiones que ordena el Juez de ejecución (en su condición de Juez expresamente delegado por la CSJN), las costas del juicio han sido impuestas a tales empresas, a las cuales no se les levantó el embargo preventivo hasta que se acreditaron los depósitos judiciales por dichos emolumentos”. La credibilidad es otra cosa para le sentido común, pero no parece para este procedimiento que pena con montos muchos bajos que cualquier sentencia donde un perro muerde y mata a otro.