El 12 de agosto el Segundo juzgado de gestión asociada -a cargo de la jueza Alicia Moretti- rechazó el amparo presentado por la ONG ambientalista Oikos en el que se pedía la inconstitucionalidad de la resolución 19/2011 del Gobierno. En ésta, la Dirección de Minería y la Dirección de Protección Ambiental autorizan la actividad del emprendimiento ubicado en la zona de Uspallata.

El presidente de Oikos, Eduardo Sosa, confirmó ayer que la asociación apeló la resolución judicial detallando "inconsistencias en el fallo, y ofrecimos pruebas de esas equivocaciones".
Según sostuvo Sosa, quien estuvo presente en la manifestación de ayer, desde Oikos van a agotar todas las instancias. "Además le estamos pidiendo a la Legislatura que trate el proyecto. Está desde febrero allí", agregó.

Con respecto al amparo, detalló que insisten con su pedido de inconstitucionalidad de la resolución 19/2011.
"Hay tres razones principales por las que denunciamos e insistimos. La primera tiene que ver con las irregularidades presentes cuando se hizo el estudio de impacto ambiental. La segunda es porque, si bien la ley 7.722 prohíbe el uso de sustancias tóxicas, la empresa ha reconocido que va a usar acrilamida e isobutil xantato de sodio, que son elementos tóxicos, y en la propia hoja de seguridad de la sustancia se especifica. Y la tercera es porque hemos detectado que la cuenca de agua subterránea de la mina estaría conectada con el resto del sistema, aunque la empresa sostenga que sea cerrada", destacó Sosa.

Según el titular de Oikos, Moretti rechaza el amparo por cuestiones formales y patea el expediente a las cámaras de apelaciones.
"Dice que no es la vía idónea la que hemos tomado, pero no especifica cuál es. Sostiene además que las sustancias no son tóxicas -algo que refutamos-. Pero en el fallo reconoce que la cuenca subterránea está abierta", sentenció Sosa.