La verdad a medias del ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez que reveló que en 2006, llegó a analizar con sus jefes militares la posibilidad de entrar en un enfrentamiento bélico con la Argentina por el conflicto con las pasteras, no está lejos de ser oportuna en un contexto perdido en el tiempo. El gobierno Argentino fue pendular y dejó hacer a los asambleístas de Gualeguaychú para luego tratarlos de sediciosos entre otros cargos. Pimentel juez subrogante en el que recayó la acusación del gobierno Argentino, hizo lugar al recurso que había presentado la Fiscalía, en la insistencia de esta última de que prestasen declaración. No le quedó más remedio que intimarlos a que eligieran un abogado defensor, cuestión desestimada por lo mismos.

Las afirmaciones de Vázquez generaron asombro y rechazo en Buenos Aires, pero lo cierto es que además el gobierno nacional encontró en Romina Picolotti el mejor perfil para representar la cartera de Ambiente y Desarrollo Sustentable. La abogada de una organización cordobesa tenía una aceitada relación con los asambleistas. Pero además fue su marido el que dijo acerca de la existencia de una abuela bomba dispuesta a volar Botnia. Vázquez contó que llevó el tema al entonces presidente norteamericano George Bush, y que recién cuando el jefe de la Casa Blanca sostuvo públicamente que Uruguay era “socio y amigo” de su país “se aplacaron” los embates argentinos.

Argentina es un país sin brújula en temas de ambiente hasta el día de hoy y las señales equívocas fueron y son la guía. Ninguna razón o señal hicieron pensar que los límites podrían pasarse. Vázquez cuenta en definitiva algo no muy lejos de la realidad cuando se trata de la política. Además el final terminó con una pobre presentación en La Haya que no solo dejo funcionar a Botnia sino que también dejó por el piso la presentación Argentina sobre el potencial de contaminación. Para Pimentel los asambleístas no habían cometido ningún delito y sostenía que el gobierno Argentino era también responsable. Ese gobierno se constituyó luego como parte querellante en la causa donde había pedido la citación a indagatoria de diez manifestantes por hechos que calificó como homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento. Y resulta ahora que Tabaré está loco.