La idea de que la ciudad de Buenos Aires atiende a personas de la provincia de Buenos Aires y de otros países es una mención de lo improbable. Lo cierto es que parte de la riqueza que se genera vía cobro de impuestos en la ciudad la generan precisamente las millones de personas que ingresan desde la provincia además de aportar trabajo. Pero además la provincia no le cobra servicios de salud a los porteños y deja entrar unas 5mil toneladas de basura diariamente. Para Vidal "hay muchísimas familias que viven desde hace décadas a la orilla del Riachuelo. Esta misma semana vamos a empezar con el traslado de 130 familias a las viviendas que fueran tomadas y que por suerte recuperamos en el barrio de Villa Soldati, y en enero y febrero del año que viene otras 110 familias más van a ser trasladadas". O sea la nada misma. Pero para descubrir lo que es Vidal nada mejor que referenciar un caso.  Vidal enfrenta una demanda de una particular, Sonia Quisbeth Castro, una inmigrante boliviana que vive en el país desde hace once años, y que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La mujer tiene un hijo que padece de una encefalopatía congénita y estuvo alojada en hogares y paradores del GCBA hasta que por aplicación del decreto 690/06 que establece un límite de diez meses para la asistencia dejó de percibir el magro subsidio de 450 pesos.

La jueza Alejandra Petrella le ordenó al gobierno la renovación de la asistencia y la  Ciudad apeló y la Cámara volvió a fallar a favor de Sonia. La gestión PRO, entonces, recurrió al Tribunal Superior de Justicia porteño que, esta vez sí, dictaminó a favor del Ejecutivo, afirmando que la asistencia habitacional no podía ser indefinida. Por esa razón, la Defensoría porteña presentó un recurso extraordinario ante la Corte. En la ocasión asistieron por parte del GCBA la ministra de Desarrollo Social y vicejefe electa, María Eugenia Vidal, y el procurador, Ramiro Monner Sans.
Por la parte demandante actuaron la defensora adjunta Graciela Chiste, que cuestionó “la tergiversación que el Gobierno de la Ciudad hace del derecho a la vivienda cuando da respuestas mediante programas del Ministerio de Desarrollo Social que apuntan a atender contingencias”, y que “no constituyen soluciones para personas en situación de pobreza estructural”, como en el caso de Sonia.

“¿Entonces, si no se actúa por demanda judicial, se termina el subsidio y la gente queda en la calle?”, preguntó la jueza Elena Highton de Nolasco. La ministra Vidal admitió que era así.

Vidal defendió los límites temporales que se le fijan a la asistencia a personas en situación de calle y atribuyó el colapso del sistema a "la presión de la demanda" que ejercerían "las migraciones tanto de provincias como del extranjero hacia la Ciudad". Además cuestionó la falta de aportes del Gobierno Nacional para la construcción de viviendas (Plan Federal de Viviendas). Vidal argumentó que mientras el crecimiento poblacional de las villas fue del 20%, en toda la ciudad se registró solo un 4%. y que además, según el último censo, el 30% de la población no es oriunda de la Ciudad 26% del interior y 10% de extranjeros.

Los jueces Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Ricardo Lorenzetti, presidente del tribunal, efectuaron numerosas preguntas a la funcionaria: si el gobierno porteño equiparaba paradores con viviendas; cómo se compadece el aumento de la demanda de viviendas con la subejecución presupuestaria –en 2010 se gastó sólo el 44 por ciento del dinero previsto para el IVC– y si, ante los límites de los subsidios, a las familias necesitadas no les quedaba otra que judicializar el reclamo.

Vidal solo respondió afirmando que la vía de los amparos representaba “una enorme inequidad con quienes no acceden al sistema judicial”. Fue entonces cuando Lorenzetti le dijo: “Usted dice que no se debe judicializar, que hay bastante judicialización, pero esto indica que hay un problema, que la gente está insatisfecha” con el programa tal como funciona. Respecto de las discrepancias entre Nación y la Ciudad el Ministro Lorenzetti afirmó: “Pero mientras no se ponen de acuerdo hay una situación de inmediatez, la gente recurre a un juez porque no puede esperar”

Para tener una idea de la magnitud del problema bastan los datos suministrados en la audiencia por Graciela Chiste, hay otros 1200 casos en juzgados de primera instancia porteños y otros 200 en Cámara de Apelaciones. Un indicio de que el máximo tribunal, además de expedirse sobre el caso, podría establecer un criterio general.

En la audiencia Vidal tras contestar una pregunta, dio media vuelta para irse, cuando el presidente del tribunal le advirtió que el cuestionario seguía. El derecho a la vivienda es una garantía reconocida en el artículo 31 de la Constitución de la Ciudad, en el 14 bis de la Constitución Nacional y en el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, pero no la ofrecen los paradores ni la ayuda momentánea y excepcional. Todas cuestiones desconocidas para la muchacha Starbucks.