El PRO tiene una orientación a favorecer un discurso de promesas con dos o tres temas repetidos. Mientras eso ocurre una y otra vez la vicejefa de Gobierno porteño electa, María Eugenia Vidal, confirmó vía Twitter (muy PRO) que la legisladora del Carolina Stanley es quien la reemplazará al frente del Ministerio de Desarrollo Social a partir del 10 de diciembre próximo, cuando asuma su nueva función. La designación “es un reconocimiento a su trabajo y a su compromiso social”. Otro chiste de Vidal como el tema de la salud que se le presta a los bonaerenses en hospitales públicos de la ciudad.  La mujer en cuestión es hija del director del Banco Macro Guillermo Stanley y esposa del jefe de Gabinete de la cartera de Desarrollo Social, Federico Salvai. Todo esto se le nota a la hora de los bifes ya que no conoce lo social salvo como un aspecto de pintoresquismo molesto. En esta línea pasando del Riachuelo y lo social ayer el Presidente de IRSA, Eduardo Elsztain le admitió a legisladores porteños que el emprendimiento inmobiliario que pretende construir sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors va a ser modificado. Durante la reunión, los representantes de la empresa señalaron que habían modificado el proyecto, evitando utilizar el canal de la Reserva Ecológica e inundar el humedal lindero para construir vías de acceso al puerto que forma parte del predio. 

En este sentido, el legislador del Partido Socialista Auténtico -Bloque Proyecto Sur-, Adrián Camps, señaló que el humedal es sitio RAMSAR y está protegido por tratados internacionales suscriptos por la República Argentina en 2005. En consecuencia, de acuerdo con lo informado por la empresa debe modificarse el proyecto y eliminarse la cláusula 6.2. -que cede a IRSA derechos sobre el canal de la Reserva y habilita obras de dragado y control de nivel de agua. Dicha cláusula está incluida en el despacho de mayoría firmado por los diputados del PRO la semana pasada. Asimismo, los diputados Rocío Sánchez Andía, Marcelo Parrilli y Adrián Camps presentaron otro despacho rechazando el convenio Macri - IRSA. 

"Una interesante discusión se dio acerca del tema de los beneficios económicos que la empresa obtendría en caso de aprobarse el proyecto. La Ordenanza Nº 45.665, actualmente en vigencia, permite una capacidad constructiva de 482.669 metros cuadrados, mientras que con el nuevo proyecto la superficie llega a 716.180,01 metros cuadrados. Una diferencia del 48 por ciento.", informó Camps. 

"También se debatió  la situación de la villa Rodrigo Bueno, colindante con el predio de IRSA, donde viven aproximadamente 4000 personas, sin agua corriente, en situación de gran precariedad. La Constitución, en su artículo 18 establece que "La Ciudad promueve el desarrollo humano y económico equilibrado, que evite y compense las desigualdades zonales dentro de su territorio", principios que este emprendimiento no contempla.", finalizó el legislador Adrián Camps.