Para Javier Amorrortu y el letrado patrocinante Ignacio Arabehety, la cuestión es clara. “El  accionar ilegal del titular del OPDS convocando a audiencia pública por el Delta, cuando los crímenes son públicos y de vieja data, sólo busca acercar visos de legalidad a lo ilegal, con las consecuencias que esos frutos generan en los cimientos de la República. Este funcionario alimenta aberrantes dictaduras democráticas”.

Los inspectores que redimió Molina en una primera etapa, fotocopiaron expedientes por orden del propio Molina, para luego desaparecerlos en un viaje rumbo a Pilar sin que se sepa el porqué dijeron desde el OPDS.

Desde el organismo el motivo es un expediente de una firma significa poder desaparecer sus sanciones y desaparecer las irregularidades que cada día se cometen en el control de las empresas contaminadoras. Pero por el otro lado permite un archivo único de valor incalculable de información vital para la consultora privada que se encuentra armando hace algún tiempo Molina y sus funcionarios más allegados. La denuncia anónima dice que la consultora ambiental “que ya tiene robados y copiados estudios de impacto ambiental, pueden ser ofrecidos a terceros por módicas sumas de 50 mil a 100 mil pesos según el rubro”.

Para la gestión de Molina el fundamento es económico y político por encima de toda cuestión ambiental. Es hora que el gobernador decida y que además no sea recompensado con otro puestito.