La firma china Heilongjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group Co. Limited tiene en riesgo el megaproyecto de inversión para el desarrollo de cultivos en áreas denominadas de bajo riego.

El juez del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Rio Negro, Víctor Sodero Nievas hizo lugar al amparo ambiental colectivo que presentó la legisladora Silvia Horne por lo que el Ejecutivo de la Provincia debe "suspender o abstenerse de aplicar" el convenio que se firmó con las empresas chinas Heilongjiang Beidahuang State Farms Business Trade Gropu CQ. LTD y Strong Energy SA.  

El decreto del gobernador Miguel Saiz, que ratificaba las tratativas entre el Gobierno rionegrino y la empresa de capitales chinos, fue calificado por Sodero Nievas como "un precario instrumento que ni siquiera tiene el rango de preacuerdo".

En octubre de 2010, el mandatario saliente gestionó ante la firma china Heilongjiang Beidahuang State Faros Business Trade Group Co. Limitada un megaproyecto de inversión de capitales asiáticos para el desarrollo de cultivos.  

El plan, que preveía un desembolso de US$ 1.500 millones y la creación de 100.000 puestos de trabajo, cosechó de inmediato una serie de reparos por la escasa difusión de los términos de la cesión de tierras, eliminación de impuestos y otros beneficios que les otorgarían a los inversores asiáticos y fueron de la partida, múltiples quejas medioambientales.

La legisladora peronista Horne mostró su conformidad con el fallo e informó que los convenios "ya no se podrán implementar, al menos del modo propuesto, y sobre todo por su significación en términos socioeconómicos, culturales, de resguardo de los recursos no renovables, y de soberanía y dignidad".

"Nos referimos nada menos que a la entrega de 320.000 hectáreas a una sola empresa, del estado chino, en la zona de los Valles Medio e Inferior, con acceso a agua dulce para su sistematización y posterior remisión de la producción a sus casas centrales en China, más la adjudicación del puerto por 50 años con la renovación automática por 50 años más, la entrega de tierras en la zona portuaria, entrega de 200 hectareas en el IDEVI, pretensión de darles una amplia y totalizadora exención impositiva, compromiso de gestionar también exenciones de encajes bancarios en el orden nacional, la provisión de toda la información obtenida por los organismos provinciales a la empresa china, y la puesta a su disposición de todos los recursos técnicos, entre otras concesiones inadmisibles", expresó en información de prensa.

Cabe puntualizar que Sodero Nievas no declaró la inconstitucionalidad del decreto que aprobaba la transacción. Tampoco recomendó su remisión a la Legislatura provincial para su tratamiento, si bien se especula con que esta será la suerte que seguirá el expediente. La inversión es demasiado grande como para dejarla caer. El juez aplicó el "principio de la deferencia" para dejar abierta la posibilidad de que sea el nuevo gobierno quien se encargue de reencauzar el proyecto, según informó la agencia de noticias ADN.

Ante este panorama el grupo Chino analizan la posibilidad de tirarse para atrás ante el desinterés del nuevo gobierno provincial. Fuentes cercanas a la empresa indicaron que “aparentemente, el nuevo Gobierno no está interesado” en avanzar con el proyecto, que para la empresa china suponía la exclusividad de la compra de alimentos de la región incluida en el acuerdo, durante 20 años".