El Director Ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, José Molina, sigue acumulando acusaciones de todo calibre. El medio Solo Local informó que una denuncia penal contra los responsables de siete empresas radicadas en el Polo Petroquímico de la localidad bonaerense de Bahía Blanca, suma a otro es OPDS, reconvertido en funcionario municipal Eduardo Conghos. Todo indicaría que habría un entendimiento entre ambos funcionarios en la permisibilidad que involucra a los directorios de  PBB Polisur y Dow, Solvay Indupa, Profertil, Compañía Mega, Petrobras Argentina, Transportadora de Gas del Sur y Oiltanking Ebytem. La denuncia se basa en la posible comisión de los delitos de "contaminación dolosa con residuos peligrosos de la atmósfera, el agua y el suelo y la adulteración peligrosa para la salud de sustancias alimenticias (frutos de la pesca) y aguas subterráneas potables" y se presentó ante el Juzgado Federal 2 a cargo del juez subrogante Santiago Martínez.

En la presentación judicial se afirma que los hechos denunciados son "de cabal conocimiento de los funcionarios públicos" quienes a criterio de los demandantes están "especialmente obligados a formular esta denuncia". Sobre la base de los informes oficiales del Comité Técnico Ejecutivo, los considerandos de la resolución ministerial 208/2010 y la clausura del Balneario Maldonado, los patrocinantes de la demanda piden al juez que considere la comisión de esos delitos "en grado de flagrancia" y disponga la detención de los presuntos responsables. La aludida resolución 208 del año pasado fue emitida por el ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia de Buenos Aires para disponer la reconversión de la flota pesquera artesanal bahiense y establece, "que de los estudios científicos-técnicos realizados por esta Autoridad en la Ría de Bahía Blanca se desprende que el incremento del polo industrial ha provocado una disminución del producto de la pesca".

Molina ni bien asumió el cargo había asegurado un monitoreo permanente de toda la ría y enfatizaba que el OPDS "no tiene nada que ocultarle a los trabajadores ni los empresarios ni al gobierno municipal". El ministro provincial de Asuntos Agrarios, Ariel Franetovich, dijo en la oportunidad que se determinaría el grado de contaminación y sus consecuencias en la actividad pesquera, mientras que el gobernador Daniel Scioli advertía que los culpables tendrán que asumir sus responsabilidades.