La pregunta es sencilla, aunque a alguien va a incomodar: ¿para qué están las organizaciones ambientalistas si no es para defender, como primera medida, lainstitucionalidad de la cuestión ambiental? Si, como ellas mismas se han definido a lo largo del tiempo, las organizaciones no gubernamentales existen para cubrir aquellas grietas que deja el Estado cuando no responde a las demandas y necesidades de la sociedad civil, la pérdida de institucionalidad de la cuestión ambiental debe ser, por antonomasia, un alerta para la acción de las organizaciones que se arrogan la representación de –toda o buena parte- de esa sociedad civil.

La pregunta surge a partir del doloroso silencio de absolutamente todas las organizaciones no gubernamentales con incumbencia en el ámbito ambientalrespecto de la decisión del gobierno de Daniel Scioli de despojar al OrganismoProvincial para el Desarrollo Sostenible de la jerarquía que poseía y convertirlo en una subsecretaría bajo la órbita de una recién incomprensible creada –y a medida- Secretaría de Espacio público y urbanismo.

Hasta el cierre de este informe, la única mención al respecto fue un BT (back tweet, es decir un mensaje en respuesta a otro, emitido originariamente por el portal Medio y Medio) publicado por la secretaria ejecutiva de FARN, María Eugenia Di Paola, comentando la incongruencia que supone que mientras OPDS participaba en una sesión de contorno de la cumbre de Durban sobre cambio climático, el gobierno de Scioli hacía desaparecer virtualmente el organismo.

Se supone –aunque la suposición es quizás equivocada- que en medio de una

batalla por imponer la política ambiental como política de Estado para, entre otras cosas, enfrentar el cambio climático y la pérdida de especies en Uganda, la desaparición del organismo de medio ambiente de primer estado argentino es un dato conmocionante y que debe concitar la atención inmediata de las

organizaciones ambientalistas. La suposición, además, está apoyada en cuestiones prácticas como que esas mismas organizaciones son parte del comité de seguimiento de la sentencia de la Corte Suprema sobre el saneamiento del Riachuelo. No resulta necesario mencionar a dichas organizaciones que la provincia de Buenos Aires algo tiene que ver en la cuenca Matanza-Riachuelo, donde además de su participación correspondiente en el comité de cuenca y demás situaciones derivadas de la representación institucional, aporta más de la mitad de la población, el 80 por ciento de la industria y la casi totalidad de la carga contaminante cloacal.

Lo notable es que frente a este señalamiento, las ONGS, cual homenaje a un estalinismo de cabotaje propio del enamoramiento con el discurso y el accionar propios, se ofenden con quien apunta esta deserción, sin despertar el más mínimo grado de autocrítica por haber dejado pasar un elefante. Sólo por citar un ejemplo: el ex director político de Greenpeace, Juan Carlos Villalonga, creó Los Verdes, un conglomerado que, según su propia descripción, supone la “construcción de un gran movimiento político y social”. La decisión de reconvertir OPDS de secretaría con rango de ministerio y autarquía presupuestaria en un pobre subsecretaría, pese a ser un dato inocultable de la política ambiental, no le merece opinión alguna. Y este comentario es apenas respecto de la integración de OPDS en el organigrama de la provincia de Buenos Aires. Nada se está diciendo sobre la política ambiental de la Nación –a la que parece que no se puede criticar por temor a ser escrachado

como agente contrarrevolucionario enemigo del modelo nacional y popular, ni de la ausencia consuetudinaria de idóneos al frente de la política ambiental en casi todas sus instancias. El nombramiento de un baterista como principal asesor del gobernador Scioli en materia de cambio climático, por caso, tampoco mereció comentario alguno.

Quizás si las ONGs dejaran de creerse más de lo que son, aceptaran críticas de parte de quienes a priori están de este lado de la trinchera y dejaran de lado la mezquina concepción de considerar enemigo a aquel que señala mis defectos, serían más eficaces a la hora de defender lo que dice que defienden.

Nadie, con honestidad, puede dejar de reconocer que la política pretende hacer lo que se propone, pero termina haciendo lo que le dejan: correlación de fuerzas, le decían en tiempos en que se reconocía la lucha de clases. Es claro que, ante el silencio mayoritario de las ONGs, el gobierno de Scioli entiende que no paga costo alguno por confirmar que la política ambiental sólo forma parte del marketing. Y por eso lo puede hacer.

Aclaremos que la política –aunque no sea su asunto específico- tampoco estuvo muy presente pero en algunos casos salvó la ropa. La bancada de diputados provinciales del PRO, con la batuta de Nancy Monzón, se pronunció fuertemente y lanzó un pedido de informes. Y el senador Ricardo Vázquez, presidente del Bloque de Senadores del GEN-FAP, publicó lo siguiente en el portal Medio y Medio: Autarquía significa autosuficiencia, es la capacidad que tiene un organismo para abastarse con recursos propios. El OPDS funciona hasta ahora bajo esa categoría, pero el río suena y en el último tiempo creció con fuerza la idea del Ejecutivo de trasladar el organismo a la órbita de la nueva Secretaría de Espacio público.

De concretarse esta idea, sería un gran retroceso, basado en un gran error conceptual. El desarrollo de la provincia más importante del país en términos poblacionales, de infraestructura, de sus industrias, de su avance en agricultura y ganadería demanda a las autoridades más responsabilidad, recursos y políticas públicas a largo plazo que garantice su desarrollo en armonía con el medio ambiente. La Legislatura provincial avanza en ese sentido, desde el bloque del GEN-FAP hemos impulsado leyes como el Scoring ambiental y la Ley de Pasivos ambientales –ambas aprobadas en el Senado y con trámite legislativo en Diputados que tienen como objetivo insoslayable promover el desarrollo sostenible en la provincia de Buenos Aires. El mundo mira nuestros recursos naturales y enciende luces de alarma sobre su exploración y explotación. Por lo tanto, si el gobernador busca el desarrollo de esta provincia no debe permitir que se dé un paso atrás. El OPDS debe seguir manteniendo su jerarquía y, por el contrario, hay que dotarlo de más herramientas que le permitan afrontar los cambios que vivimos a diario.

La protección del medio ambiente no distingue banderías políticas, el derecho internacional lo reconoce como un derecho humano más y los gobiernos deben ponerse al frente de su defensa, porque el desarrollo sostenible no es una elección es una obligación.