La utilización de cianuro y otras sustancias en la explotación minera fue aprobado ayer por la Legislatura de Río Negro, impulsado por el gobernador Carlos Soria. La norma derogó una anterior que, desde 2005, prohibía el uso de “cianuro y/o mercurio en el proceso de extracción, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos” en la provincia, tal como establece la Ley Nacional de Ambiente 25.675. Los legisladores oficialistas votaron en favor de la iniciativa promovida por Soria, en tanto los bloques de la oposición rechazaron el texto debido a los daños que el cianuro podría ocasionar en el medioambiente.

El proyecto de ley crea, en el ámbito de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Minería, un Consejo Provincial de Evaluación Ambiental Minera (Copeam), que analizará los estudios de impacto ambiental que la actividad minera pudiera producir. El gobernador Soria justificó la derogación de la norma al destacar el “notorio deterioro sobre las actividades económicas” de la provincia que ocasionó la acción del volcán chileno Puyehue, que entró en erupción en mayo de este año.

Por su parte  la diputada Victoria Donda (Libres del Sur-FAP) opinó: “Resulta increíble sostener hoy que la justicia social y el desarrollo pueden venir de la mano de las empresas mineras extranjeras, con leyes que nos retrotraen a épocas de la colonia y que permiten que se lleven nuestro oro y agua por monedas”. 

Según informó la legisladora, “la Ley 3.981 había sido sancionada por amplia mayoría en 2005 por iniciativa de organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas ante el avance de proyectos de exploración. Río Negro formaba parte de las ocho provincias argentinas con normas que prohíben este tipo de minería, pero con la ley sancionada recientemente se establece que las empresas o personas que posean la titularidad o derechos de concesiones de yacimientos minerales y hubieran obtenido la declaración de Impacto Ambiental, podrán reanudar sus respectivas labores”. 

“La misma legislatura que hace poco se llenó la boca hablando de soberanía con la venta de tierras a extranjeros, hoy deja abierta la puerta a la entrega de nuestras riquezas. De todos modos no les va a ser fácil, este tema está cada vez más instalado en el debate cotidiano de la sociedad”, expresó Donda. 

El Consejo Provincial de Evaluación estará integrado por funcionarios gubernamentales de la provincia, tres legisladores, un representante del municipio en el que se desarrolle la actividad minera, uno de la Universidad de Río Negro, uno de las ONG ambientalistas y uno de la Empresa de Tecnología (Invap).

De acuerdo con la nueva ley, las empresas o personas que, al momento de entrar en vigencia la norma, posean la titularidad o derechos de concesiones de yacimientos minerales y hubieren obtenido la declaración de impacto ambiental, podrán reanudar sus tareas.

En los últimos días, organizaciones sociales, religiosas, ambientales, estudiantiles y gremiales expresaron su rechazo a la derogación de la ley que prohibía usar cianuro en la explotación minera en el territorio de la provincia.