El gran riesgo que conlleva la irrupción del debate acerca de la minería en Famatina es que se convierta en un nuevo Botnia: el paisaje será el de centenares de ignorantes tratando de encontrar la respuesta a la estúpida, inútil e inexistente pregunta acerca de si contamina o no. El segundo riesgo es que quede mal delimitada la cancha y que quienes aparezcan como adversarios intelectuales en el debate en verdad sean quienes defienden el interés concentrado de las empresas (o el interés de las empresas concentradas, que viene a ser lo mismo). En este sentido, hay una enorme diferencia con el caso Botnia, pues allí quien defendía la teoría de la producción y la inversión era el gobierno uruguayo, mientras –lógicamente- de este lado del río de la Plata sólo parecía preocupar, con mayor o menor dosis de demagogia, el impacto ambiental de dicho emprendimiento. En esta ocasión, ya se vislumbra que tanto el gobierno como la oposición están del lado de la producción, haciendo la vacua salvedad de que debe hacerse “dentro de los parámetros ambientales exigidos”, como si eso quisiera decir algo. En todo caso, la oposición –encabezada en estos días por el diario La Nación, abiertamente partidario de la minería a como dé lugar- persigue diferenciarse del gobierno haciéndolo cargo de que, eventualmente, las denuncias de los pobladores tengan asidero y la noble actividad minera se convierta en un pandemónium ecológico sólo porque el kirchnerismo no tiene capacidad de control.

El gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, debió ceder tiempo ante la creciente ola de protesta y sacrificó la urgencia de la minera Osisko en el altar de la certeza: dijo que no se va a iniciar el emprendimiento hasta que la población no esté convencida de que la contaminación será cero. Si Beder Herrera dice la verdad, cosa que su trayectoria al menos en este asunto hace poco probable, podrá apostarse ya mismo a que el proyecto de Famatina jamás se realizará. Quien más interesado está, naturalmente, es el gobierno nacional, que adoptó fuertes compromisos en el oprobioso viaje de la presidenta a Canadá, en donde sus interlocutores fueron más veces y de manera más contundente los megaempresarios mineros que las autoridades de ese país. Aunque hay quienes leen los diarios del norte de América y dicen que muchas veces ambas funciones se confunden.

El tercer riesgo lógico es que se banalice una protesta que tiene más de un elemento de coherencia en su fundamentación. Es pobre y reaccionario empujar la desconfianza social a la supuesta posición de aquellos que están en contra de la minería como actividad. El movimiento social, que tiene raíces locales en el histórico plebiscito de Esquel en 2003 y antecedentes internacionales en el referéndum que logró prohibir la minería a cielo abierto en el estado de  Montana en los Estados Unidos, se enfrenta a un tipo específico de minería y a una forma argentina de llevarla a cabo.

El tipo de minería rechazado es el que usa cianuro y consume ingentes cantidad de agua para separar el poco oro que hay disperso en una montaña, una vez que esa montaña es dinamitada. Pese a que desde el secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, hasta algunos bienintencionados escribas de la oposición al kirchnerismo, proponen garantizar que esa minería se efectúe con los estándares de los países desarrollados, los propios antecedentes de esa actividad –y de estas mismas empresas- en esos países son penosos ambiental y socialmente hablando.

Y en cuanto a la forma argentina de llevar a cabo la minería resulta notablemente extraño que nadie desde la posición puntualice que gran parte de la desconfianza que fogonea la protesta social nace de la inescrupulosidad  intrínseca del código minero vigente. El hecho de que está planteado no como una actividad productiva con reinversión local sino como un saqueo queda claro tanto en el articulado de la legislación y en las tremendas exenciones sino también en la experiencia: más de una década después de la llegada de la minera La Alumbrera nadie con algo de decencia puede sostener que Catamarca bebió del progreso que se le había prometido. Para compensar esa desventaja vergonzante, Beder Herrera asegura haber conseguido de Osisko que, además del tres por ciento de regalías (tomadas a boca de pozo y mediante una declaración jurada de la minera que nadie controla), La Rioja conseguirá que la empresa deje el 30 por ciento de sus ganancias en la provincia. Nadie vio un papel que así lo certifique y no parece probable, al juzgar por el derrotero de las multinacionales mineras, que el cerro Famatina valga semejante dádiva.

Pero hay un asunto al que todos escapan, cuando se habla de la posibilidad de llevar a cabo una actividad de semejante grado de extractivismo con parámetros ambientalmente sustentables. ¿Acaso los legisladores y opinadores de la oposición no saben que el código minero vulnera una de las claves de la política ambiental sana que es que un organismo independiente controle las actividades aprobadas por otro estamento del Estado?

En la Argentina, el secretario de Minería, que en este caso por casualidad lógicamente es un empresario del sector, es quien aprueba los proyectos, evalúa sus estudios de impacto ambiental y luego controla la sustentabilidad del proyecto. Es decir, es quien debe –por definición- promover la minería y, al mismo tiempo, controlar que su pasivo ambiental no sea ilevantable. Aún pensando bien, ¿alguien puede creer que un secretario de Minería, cuyo éxito de gestión se mide en montañas voladas y toneladas de mineral exportado, va a voltear un proyecto porque sospeche que puede no ser ambientalmente sustentable?

Esta situación no puede considerarse una denuncia de los que se oponen a la minería. Por el contrario, el propio secretario de Medio Ambiente de la Nación acaba de admitirlo, al cometer el ecocidio de reconocer que no puede hablar de minería porque “es inconstitucional”, ya que es la secretaría de Minería la que tiene el control ambiental del proceso.  Además de preguntarse para qué hay una secretaría de Medio Ambiente frente a semejantes dislates legislativos y además de preguntarse si en verdad no es inconstitucional que un código minero ponga a las ovejas bajo el cuidado del lobo, hay que preguntarse por qué Mussi no lee la Constitución. Dando por sentado que cualquier ley está por debajo –en importanciade la Constitución, conviene recordar el texto del artículo 41 y a partir de ahí, en todo caso, discutir la constitucionalidad del código minero: 3Art. 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.

Como siempre, y con modestia, nos preguntamos desde este informe, si respecto de Famatina no estará –una vez más- mal planteada la discusión.