La gran pregunta que flota luego de la abominable represión a los pobladores catamarqueños es si habrá sido un exabrupto de un gobierno provincial pobre de recursos o si estamos a las puertas de la aplicación consuetudinaria de una metodología tendiente a defender los intereses concentrados de una economía extractivista. Un colega periodista me hizo una observación muy aguda –y que ahora parece obvia- cuando le pregunté por qué creía que la represión ocurrió sobre quienes impedían el paso de camiones hacia la minera La Alumbrera o contra los pobladores riojanos que se oponen a que se inicie el proceso de exploración para la minería a cielo abierto en Famatina. Es que La Alumbrera es un negocio que ya existe y que hay que proteger, me dijo, con una lógica implacable. Debe ser esa diferencia “menor”, la que va de un proyecto que hay que imponer a uno que ya factura y debe seguir facturando, la que motivó que en La Rioja se esté buscando la “licencia social” y que en Catamarca, donde claramente no hubo ni habrá ese tipo de “licencia”, sólo se busque frenar a quienes ponen en riesgo una actividad ya brindando beneficios. La Alumbrera seguramente recibe la defensa irrestricta del poder porque su sola existencia demuele la idea de que la minería arroja a los pueblo bendecidos al progreso ilimitado. No hay forma de defender la noción de que La Alumbrera fue, como dijo en el día del anuncio de su instalación en Catamarca el entonces gobernador Arnoldo Castillo, el síntoma del “despegue, el día tan soñado para esta provincia tan postergada”.  El diario catamarqueño “El Esquiú” publica desde hace un tiempo un suplemento semanal asquerosamente favorable a la minería y a La Alumbrera, con el consabido discurso del chantaje acerca de que sin minería “el hombre debería volver a vivir desnudo y a la intemperie”. Quizás eso pudiera fantasearse sin la minería tradicional, pero sin el oro extraído para continuar la saga de la especulación internacional, seguro que no.

“El monto total que se paga dentro del país (4.215 millones de dólares) representa el 55,4% de la facturación total del emprendimiento, mientras que los costos que se pagan en el exterior y las utilidades que se giran fuera del país solamente representan un 44,6% de ese total”, defiende El Esquiú respondiendo a que la carga impositiva de la minería es tremendamente baja. Resulta interesante que para ellos sea una buena noticia que “solamente” el 44,6 por ciento de la facturación sea rentabilidad que se gira al exterior.

Dos datos que certifican la pobre tributación del sector minero. El Instituto de Estudios Fiscales y Económicos evaluó que la carga fiscal argentina en el sector minero está 6 puntos por debajo del promedio latinoamericano (donde está Chile, el espejo que todo gobernador de provincia minera solicita mirarnos) y 20 puntos por debajo de países como Canadá y Australia.

La Consultora Claves ICSA explicó que en 2009 (año de crisis internacional) el sector minero fue el de mayor rentabilidad no sólo por el precio de sus exportaciones, sino por el régimen legal argentino, “que se encuentra entre los más atractivos del mundo”.

Ante la irrupción del conflicto por la represión –método que probablemente se imponga para sostener una política minera de exacción-, la presidenta pidió un debate serio sobre el asunto. Efectivamente, es necesario un debate serio, en el que se ponga sobre la mesa no sólo la hipotética necesidad de desarrollar ese sector y la obligatoriedad de los controles ambientales, sino también las características de la legislación local, el código minero, y principalmente las formas en que se combina – si es posible- un desarrollo armónico con una intención extractivista de materia prima no indispensable como el oro