La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, dejo el ostracismo y defendió ayer la minería en la provincia. Recurriendo a lugares comunes dijo que “Soy madre y nada me preocupa más que los catamarqueños vivamos mejor. No voy a permitir que los intereses económicos estén por encima de la salud de mi población”, afirmó la mandataria en una conferencia de prensa desde la casa de Catamarca, en la Capital donde no se permitió a los periodistas que preguntaran. 

En los últimos días, en la provincia se vivieron momentos de tensión por protestas en las localidades de Tinogasta y Andalgalá. Corpacci no aclaró en ningún momento el porqué de las protestas sociales donde precisamente entre otros puntos lo que se cuestiona es la salud y al momento priman al contrario de lo expuesto el interés de las corporaciones por sobre todas las instancias institucionales.

En sintonía con lo que parece ser un intento a nivel nacional Corpacci mencionó al igual que la presidenta la necesidad de dar un debate pero lo cerró al ámbito catamarqueño que hoy por hoy se encuentra sitiado por mandas judiciales que propiciaron el allanamiento de viviendas y fuerzas de seguridad paralelas. En una clásica muestra de maniquísmo además redujo la participación de las personas con las con quienes no debatiría. En este sentido al igual que en San Juan y en La Rioja toda persona proveniente de otra provincia no sería bienvenido a la instancia propuesta. Esta medida no afecta a los empresarios mineros.       

Corpacci admitió que parte de las millonarias ganancias que deja la actividad no se invirtieron en la provincia, pero endilgó las responsabilidades a la anterior gestión. “No somos responsables de lo que no se hizo”, dijo. De todos modos no inició ninguna acción tendiente a esclarecer estos hechos. Corpacci  volvió a prometer que “Los recursos de la actividad minera serán destinados a las poblaciones más postergadas”, sin especificar a quienes ni de qué montos se trata. Por su parte el  secretario de Minería provincial, Rodolfo Miccone, dio detalles sobre los megaproyectos Bajo La Alumbrera y Agua Rica, ambos de la compañía Alumbrera -de capitales suizos y canadienses-, que están siendo cuestionados por los asambleístas. “En el proceso de explotación no se utiliza cianuro”, afirmó Miccone, desmintiendo así las acusaciones de que la actividad contamina el medio ambiente. “Cada proyecto tiene que estar acompañado de un informe de impacto ambiental.