Ilustración Página 12

Un foco más de contaminación emergió a la luz pública; esta vez, en la Reserva Ecológica de Costanera Sur, donde un organismo que depende del Estado Nacional -la Policía Federal Argentina-, tiene montado un depósito de automóviles en estado de degradación, con los consecuentes peligros ambientales que conlleva y la situación por lo menos irregular de que se encuentre en un área protegida.
Una vez más, fue una Defensoría del Pueblo –esta vez de la ciudad de Buenos Aires-, quien tuvo que intervenir y requirió la desactivación del predio usado al titular de la Policía, Comisario General Néstor Villena, y al ministro de Ambiente y Espacio Público porteño, Juan Pablo Picardo.
A este nuevo riesgo para los miles de visitantes que cada fin de semana invaden, literalmente, los espacios amplios y naturales, se agrega el peligro que significa para los habitantes de la villa Rodrigo Bueno, un asentamiento precario que ha ido creciendo en el número de sus habitantes, y que limita con el depósito.

La pregunta que se hace cualquier ciudadano es cual puede ser el nivel de seguridad que tenga la población -en el sentido amplio de lo que implica brindar seguridad-, si se permite y se realiza, desde hace diez años, este tipo de prácticas en un espacio público y protegido.
Porque contaminar es un delito -y afecta a la seguridad física de las personas-, y tener un depósito con cientos de automóviles que se degradan y desprenden arsénico, cadmio, cinc, cobre, cromo, mercurio y plomo, todas ellas sustancias tóxicas para los seres vivos, como especificó la Defensoría, es delinquir y debe ser respondido y reparado.
En tiempos en que los virus mutan, se multiplican, viajan en avión o se instalan cómodos entre los pobres, siempre víctimas del abandono; donde el dengue sacó carta de ciudadanía en todo el territorio del país; donde cuencas como la del Matanza-Riachuelo enferma a millones de conciudadanos mientras las autoridades no disponen ni de plan ni de aptitud para emprender la solución del problema, es preocupante y peligroso que se permita otro foco de contaminación.
La responsabilidad sube la escalera del poder y se instala en los despachos de quienes deben cuidar de la salud y seguridad de sus ciudadanos; desde el Ministro de Seguridad, de quien depende la Policía Federal hasta la propia fuerza; y aquellos bajo cuya dirección se manejó la reserva, tanto de quien dio el permiso hace diez años –época en que se otorgó la habilitación correspondiente, según afirma la propia fuerza policial-, hasta quienes están hoy al frente del área protegida.
Víctima de innumerables incendios intencionales producto de la avidez inmobiliaria en una zona pegada a Puerto Madero, el lugar donde se vende el metro cuadrado más caro de Buenos Aires, la Reserva Ecológica es un sitio que debería protegerse tanto por su valor natural como por su valor histórico, y en los últimos años, por su importancia turística.
Los cientos de automóviles judicializados -secuestrados o abandonados por sus dueños- que se amontonan deshilachados en terreno de la reserva, a la altura de Avenida España al 1.800, son el mudo testigo de lo que la defensoría calificó como un cementerio que atenta contra la Reserva Ecológica y afecta la salud de los vecinos de la Rodrigo Bueno.
En las guías turísticas debería figurar desde hace diez años a esta parte, que además de cientos de aves que anidan en la Reserva Ecológica, de su carácter extraordinario por encontrarse a metros de una ciudad y del paisaje bucólico de este ecosistema único, los visitantes tendrán la oportunidad histórica de conocer in situ el abandono de los poderes del estado personalizado en el enjambre de fierros degradándose y liberando desde sus entrañas combustibles, lubricantes, líquidos para freno o refrigerantes, para hacer de Buenos Aires, un lugar que vale la pena ser vivido.