Los acuerdos de todo tipo son moneda corriente en los temas ambientales pero rara vez toman luz pública. Desde siempre, los circuitos de dinero para aplazar los temas ambiéntales a “políticas de remediación” en cuotas es sin lugar a dudas el top del sistema. La lógica es no llegar a la multa pero si a que la empresa o el que causa el daño acuerde con el gobierno o autoridad de aplicación la recomposición del evento pero siempre en cuotas.

El acuerdo refrendado este domingo entre la empresa Shell y la Municipalidad de Magdalena es apenas la punta del iceberg de una manera de pensar las circunstancias a la hora de que es lo que ocurre desde lo punible. Pero además este sistema provoca un ámbito propicio para que los montos resultantes resulten exiguos.

Son varios los factores, pero todos funcionales en la dinámica impuesta por los actores necesarios: empresa estado justicia. A su vez, el estado se muestra con cierta pereza ya que los montos cuando llegan van a para al fisco por lo cuál es una acción engorrosa administrativa con flujo económico invisible.

La historia económica del derrame de petróleo no escapa a estas variables pero introduce algunos conceptos novedosos. El primero es que el ambiente en Argentina es menesteroso, o se pobre sin valor a la luz del monto del acuerdo.

Ni bien ocurrido el siniestro, el municipio de Magdalena decidió imponer un juicio a la empresa. El problema de la cuestión era fijar el monto y las pruebas que tendría que imponer al respecto.

En ese momento buscó infructuosamente que la ex Secretaría de Política Ambiental ayudara para fijar el monto de la demanda y que constara desde ese organismo las pruebas que además el municipio no podía atender. De ambas cuestiones el organismo provincial generó un comité de crisis, involucro a múltiples actores y aporto pruebas, pero nunca fijó un monto y resignó la propia provincia presentarse como querellante dejando al municipio solo.

A su vez, los municipios vecinos especulaban con que la mancha llegara a sus costas a los efectos de incluirse como damnificados. Por su parte, los vecinos que aún hoy sigue querellando con una buena y apropiada lectura del estado, iniciaron acciones propias. Shell siempre supo que el arreglo sería favorable y barato. Magdalena es un municipio pequeño sin anclaje en la política provincial por su carácter radical.

La cifra con la que el municipio pretendía querellar a al empresa era de 180 millones de dólares. En noviembre del año  2002, el juez federal platense, Julio César Miralles, condenó a Shell a ejecutar tareas de recomposición del ambiente por un valor de 35 millones de dólares.  Los 523 vecinos que se mantienen en  la querella reclaman contra la empresa Shell y las aseguradoras 360 millones de dólares.

Para la doctora Paola Gonzalez, representante de los vecinos, “el acuerdo económico es vergonzoso y además genera un precedente” Podemos preguntarnos entonces por el valor del ambiente en Argentina. ¿Cuánto vale un evento de contaminación? Supongamos un caso de contaminación por plomo de un taller de baterías. ¿Cuál sería el valor fijado? Los casos abundan y regularmente es el propio estado el que luego, o cierra el predio, o malamente y sin fondos emprende las remediaciones.

Pero para tener una idea clara de los valores comparativos hay ejemplos de acuerdos y de sentencias en otros países. En el año 2000, el Estado brasileño junto con el estado de Paraná demandó a la petrolera Petrobrás por el derrame de 400 mil litros de petróleo en la Cuenca del Iguazú. Exigió 1.100 millones de dólares por los daños causados.  En 2003, el buque “Prestige” se hundió y derramó en las costas españolas de Galicia unas 63 mil toneladas de petróleo. Los responsables ahora mantienen un juicio impulsado por el gobierno español, que pide un resarcimiento de casi 1.300 millones de dólares.

El caso más estrepitoso en la historia se produjo en las costas del estado norteamericano de Alaska, en 1989. El buque petrolero Exxon Valdez, derramó más de 40 millones de litros de hidrocarburos en 2000 kilómetros de costa, y luego de un juicio que duró 10 años, la empresa Exxon tuvo que pagar más de 2.500 millones de dólares, un monto 263 veces mayor al que Shell abonará en Magdalena, si bien el derrame en Alaska fue 8 veces mayor.

La aceptación de la clase dirigente y de la empresa holandesa es parte de esta lógica. Pero además  la notable diferencia con los casos en los que sí se cobraron sumas multimillonarias radica en que quienes intervinieron fueron el Estado norteamericano, el español y el brasileño. En Magdalena, el Estado argentino brilló por su ausencia.