“Venimos a promover Acción de Amparo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y artículos concordantes de los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos (artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional Argentina) contra el Decreto N° 1837/2008 (publicado en el Boletín Oficial el día 10 de noviembre de 2008) dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, con domicilio en la calle Balcarce 50 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires”

La vetada Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de los glaciares y del ambiente periglaciar cuenta a la fecha con dos amparos presentados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el día de ayer el diputado Miguel Bonasso, declaró que “la presidenta vetó la Ley de Glaciares por 3 mil millones de dólares”. Lo que parece una lucha cuerpo a cuerpo, puede observarse en el texto del amparo presentado por la organización Diálogo por el Ambiente, que preside Emiliano Luaces, que motivó el acompañamiento político de Bonasso y de Aníbal Ibarra. Concretamente se habla de “cubrir el vacío legal que genera el veto de esta ley”.

Bonasso, que preside la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación, viene denunciando la instalación de la minera canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan. “La misma causaría lluvia ácida y destrucción de cerros, entre otros daños irreparables sobre el medio ambiente” dijo Bonasso.

Por su parte el legislador porteño Aníbal Ibarra, participó de la elaboración del amparo y acompañó a Luaces y a Bonasso en esta presentación. “Cuando el poder político no protege los derechos que establece la constitución hay que ir a la Justicia. Este veto es un acto de clara impunidad sobre la destrucción de los recursos nacionales”, declaró.

Una de las sorpresas de la presentación es que el demandado es el mismísimo  Poder Ejecutivo Nacional (PEN) con domicilio en Balcarce 50 CABA “sic”.
Evidentemente los temas ambientales siguen el camino de la justicia como forma de resolución de los conflictos y es probable que el megaproyecto minero se encuentre con un impensado problema.

A su vez organizaciones formalizaron ante la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, una solicitud para exigir un nuevo Estudio de Impacto Ambiental para Pascua Lama.  La petición se basa en que la empresa ingresó con posterioridad a la segunda aprobación de su Estudio de Impacto Ambiental (febrero de 2006) la construcción de la termoeléctrica Punta Colorada, así como el mejoramiento de la Línea de transmisión Punta Colorada- Tres Quebradas.

Lo mismo sucedió con el Centro Logístico de Vallenar, y recientemente con la aprobada mina de caliza Potrerillos. Las organizaciones entienden estas obras   son fundamentales y claves para el funcionamiento del proyecto Pascua Lama.

La solicitud pretende hacer prevalecer el espíritu de la Ley 19.300 que resguarda la vida y el medio ambiente ante empresas que valiéndose de resquicios burlan el sistema. Para las comunidades, Barrick Gold –y su subsidiaria Nevada- ha vestido de modificaciones a su proyecto original cuestiones que son claves para el desarrollo del emprendimiento minero.  De ambos lados parece que la justicia tiene trabajo