Bibiloni de visitante PDF Imprimir E-mail
Escrito por Redacción   
Jueves, 04 de Junio de 2009 10:40
Por Juan Luis Peri

 

Hoy a las 15 horas el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, se encontrará con el cuerpo colegiado. La sede prevista para el encuentro es la Defensoría del Pueblo de la Nación. Para el secretario no son tiempos fáciles. Ya está muy lejos la clausura de la fábrica de Colchones Simmons o de Shell con la que Picolotti lucía un despliegue de cartón pintado y donde siempre aparecía un mismo y lacónico inspector poniendo la faja algo fuera de foco. El miércoles 27 del mes pasado, el Juez Federal de Quilmes Luis Armella, dictaminó  el ordenamiento interno de la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR), bajo pena de apercibimiento diario, a partir del 8 de este mes, con multas que alcanzarán tanto a los directivos del organismo, como a los funcionarios intervinientes del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Si bien no se conocen los montos de la multa diaria que pagarían los funcionarios de su propio peculio, se esperan que estas sean razonables y que las mismas aporten a alguna institución o soluciones parciales en la misma cuenca dijo un miembro del cuerpo colegiado. Armella  quiere poner orden en un organismo presidido por Bibiloni, que hasta el momento, no ha cumplido con lo dispuesto en el Acuerdo Compromiso suscripto por esos tres gobiernos anteriormente mencionados y los municipios de la cuenca hídrica, que dio vida a la Ley federal 26.168, sancionada el 15 de noviembre de 2006 y promulgada el 4 de diciembre de ese mismo año. Bibiloni sabe que una multa de Armella lo pondría en jaque ya que a siete meses de su gestión tanto Armella como las organizaciones que integran el Cuerpo Colegiado han destacado los mismos aspectos. Pero la situación política es delicada ya que en plena campaña y a escasos días de los comicios el escándalo de la multa recaería principalmente en Bibiloni y arrastraría a parte del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que el Cuerpo Colegiado y Armella, comienzan a inquietarse. Es que la pelota va de un lado a otro pero se queda detenida en los tres arcos. La lógica es que si no se mueve el partido lo gana el otro. Siguiendo esta premisa lo que se espera es que Bibiloni genere anuncios principalmente de obra pública con inversiones millonarias. Armella en su dictamen ordenó a la Acumar cuestiones básicas. Entre otros implementar un esquema administrativo de organización interna; establecer y definir sus sedes edilicias y la competencia que tendrá cada una de ellas; intervenir sobre la habilitación de los establecimientos que se asienten en la cuenca hídrica en lo concerniente a materia ambiental y realizar convenios con las distintas fuerzas de seguridad que permitan aportar la seguridad necesaria para el cumplimiento de las acciones que se realicen. También, deberá unificarse en forma clara el poder de policía ambiental que posee la Autoridad de Cuenca sobre la cuenca hídrica en cuestión, implementando y estableciendo las facultades de control y prevención en materia ambiental, que poseerán los funcionarios de esa autoridad por sobre las autoridades locales. Lo cierto es que de lo pedido se desprende lo que no está y lo que no está es casi lo básico. Además Bibiloni tiene problemas con ciudad que realiza inspecciones espasmódicas  por su cuenta desde la Agencia  de Protección Ambiental dependiente de la ex Ceamse Graciela Gerola.  La jugada es clara el peso de la multa recaería sobre la Agencia y no sobre el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  A su vez el número de industrias de la cuenca sigue siendo un enigma ya que según el Censo Económico Nacional habla de diez mil. Para el Cuerpo Colegiado, que integran el Defensor del Pueblo de la Nación, Asociación Vecinos de La Boca, CELS, FARN, Greenpeace y ACDH, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) “no inspeccionó a las industrias contaminantes”; “no hizo nada por las personas que viven sobre basurales”; “no fijó un programa de saneamiento cloacal”; “no midió la calidad del agua ni la del aire”; “no cumplió en informar”; “desactivó la participación social” y, sobre todo, “no cumplió las funciones para las que fue creada, ya que cada jurisdicción actúa en forma separada”. El informe además incluyo a la empresa AySA “Se desconoce un programa de saneamiento cloacal, AySA y Acumar, no definieron un sistema que permita la extensión de las redes y el tratamiento de efluentes”. Lapidario. 
Palabras clave:  riachuelo - bibiloni - acumar - Defensor del Pueblo de la Nación - Asociación Vecinos de La Boca - CELS - FARN - Greenpeace - ACDH
 

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