Representantes de comunidades aborígenes asentadas sobre la ruta nacional 86 denunciaron, a funcionarios de la provincia y de la Nación por incumplimiento de sus deberes...

En los departamentos de Orán, San Martín, Rivadavia y Santa Victoria continúan los desmontes y no se cumple con la orden de suspensión ordenada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La denuncia, realizada ante la Fiscalía Penal Nº 2 de Tartagal fue presentada por los caciques
Eduardo Rivero y Roque Miranda, en representación de las comunidades Choawayuk y Hoktek T`oi. La misma involucra a los funcionarios provinciales y nacionales, ya que consideran que no se está haciendo efectiva la orden dada por el máximo tribunal.

 "Ninguno de los Estados dispuso medida alguna para efectivizar la medida judicial. Prueba de ello son los tractores cargados de madera que diariamente circulan por la ruta 86. Hemos podido constatar hasta cerca de 20 tractores, camiones y camionetas por día", sostuvieron los denunciantes.

El 4 de mayo pasado los miembros de las Comunidades cortaron el paso de tractores que transportan madera, lo que derivó en agresiones.
Ayer  al menos cuatro personas resultaron con lesiones. Miranda y Rivero añadieron que las autoridades provinciales constataron que el desmonte sigue. "la madera sigue saliendo y no hay ningún operativo de control en la zona", es decir, "no hay ninguna intención de querer hacer cumplir la medida cautelar".
Por esta falencia es que las propias comunidades deben realizar los controles, "haciendo el trabajo que le corresponde a las áreas de ambiente del Estado nacional y de la provincia de Salta". "Puede afirmarse -sostuvieron- que existen funcionarios públicos que están incumpliendo con la función que le ha sido asignada, y que su responsabilidad administrativa y penal sea evidente", y pidieron que se realice la correspondiente investigación penal.