La protesta ciudadana tiene dos principios de resolución pero siempre hay una orientación política. En este sentido  las asambleístas procesadas en la declaración indagatoria que deberán presentarse mañana jueves 2 –suspendida-,  en el Juzgado de Chilecito a cargo del Juez Ramos, muestra la cara que tal vez despreocupe, o al contrario coloque en claro la lógica que se intenta aplicar. Es sabido que la Secretaría de minería riojana presentó una denuncia por obstrucción del libre tránsito contra las ambientalistas Carina Díaz Moreno y Marcela Crabbe, que prosperó en tiempo record y por la cuál fueron procesadas, una encarcelada y luego excarcelada.  El pasado 14 de abril, funcionarios de la Secretaría de Minería de La Rioja intentaron atravesar el corte que la población de Famatina instaló en el ingreso al campamento de la mina que intenta operar la empresa Barrick Gold.

En esa ocasión la comitiva oficial estuvo integrada por el Director de Minería Héctor Romero, el escribano en minas Luis Héctor Parco y el Director de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Minería Oscar Núñez. A partir de allí por la fuerza los funcionarios desplazaron a las asambleistas y siguieron su camino. También se indicaba que en las camionetas había gente de la empresa Barrick Gold. De la contienda resultaron dos mujeres con heridas leves y un camarógrafo que se encontraba realizando un documental. A posterior los funcionarios se retiraron a la comisaría en la localidad de Famatina, donde radicaron la denuncia. En pocas horas la sede policial fue rodeada por  vecinos de la localidad que les impidieron salir, por lo tanto las fuerzas policiales de Famatina recurrieron a refuerzos de la localidad de Chilecito. Para los funcionarios de las Secretarías de Ambiente y Minería los acontecimientos fueron otros. En la denuncia efectuada dijeron haber sido “agredidos salvajemente” por un grupo de ambientalistas cuando regresaban del campamento minero llamado “Cueva de Pérez”, camino a la mina “La Mexicana”, donde fueron a constatar serios daños provocados en esas instalaciones por desconocidos. Los funcionarios declararon que fueron sorprendidos por el corte que impedía el paso de la comitiva en la Ruta Provincial Nº 16. A su vez según los funcionarios los ambientalistas agredieron físicamente al director de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Minería, Oscar Núñez que fue trasladado al hospital local para constatar las secuelas de la agresión. A los pocos días, el juez de instrucción Alfredo Ramos, ordenaba la instalación de una posta de policial en la zona de Peñas Negras. La medida estaba fundada en garantizar la “libre circulación”, explicaba el magistrado a los medios. La prontitud del Juez Ramos sugiere la hipótesis de que en La Rioja no reprimir las protestas sociales no es una instrucción política.  Al gobierno local de Beder Herrera  le tocará abrirse paso en aguas revueltas ya que al menos las emociones de sus funcionarios no son al menos templadas. Además el caso riojano tomó repercusión nacional, por lo tanto lo que está en juego, a diferencia del televisado juicio a Greenpeace, es algo serio.