Se terminó la paciencia. La falta de respuesta de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, en cuanto a la fijación de cupos para la exportación de sábalos, exasperó a los gobiernos provinciales. En una señal de autonomía inédita, la Provincia de Santa Fe fijó un volumen máximo total de captura para la exportación de la especie sábalo en 4.000 toneladas hasta el 31 de diciembre del corriente año.

“Es en función de la falta de adopción de medidas en el orden nacional sobre cuestiones legales y ambientales que aseguren el manejo sustentable de los recursos pesqueros, como la conservación y la recuperación de la fauna de peces, y la necesaria reconversión de la actual industria pesquera, que la Provincia -a través de la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente-, promueve el establecimiento de este criterio precautorio”, se expresó en un comunicado emitido por la gobernación santafecina.

La medida sigue una recomendación del Consejo Provincial Pesquero de Santa Fe, que el pasado 22 de abril propuso definir una asignación de cupos y la reducción progresiva de los cupos de exportación por un periodo mínimo de 3 años.
La situación del recurso en el ámbito provincial es desesperante. La falta de control –hay solo cuatro inspectores de pesca para todo el territorio provincial- para la captura que hacen las industrias extractivas, amenaza con diezmar un recurso del que viven miles de personas. Hasta el momento, la iniciativa santafecina no fue acompañada por las otras dos provincias que comparten el recurso; Entre Ríos y Buenos Aires.

La avaricia de la administración nacional para mostrar los informes y enviar los cupos de exportación no tiene razones transparentes, más bien, obligan a una lectura difusa sobre el claro objetivo de una inacción como la descripta. Desde los frigoríficos entrerrianos surgió el rumor de que al tratarse de un año electoral se iba a retrasar o directamente vedar esa información y por lo tanto, no se haría efectiva una resolución que estableciera los cupos a la importación. Las elecciones pasaron.

Sea como fuere, la realidad indica que las propias provincias, haciendo uso de la facultad constitucional que les otorga la potestad sobre los recursos, comienzan a mostrar signos de autonomía frente al poder central. Algunos deslizan que no es casualidad que en las tres provincias afectadas haya perdido el oficialismo en las últimas elecciones legislativas.

Desde diversos sectores se critica la laxitud oficial, desde el punto de vista ambiental, frente a las industrias extractivas de los distintos recursos naturales del país –minería, pesca, bosques, entre otros- y hasta se sospecha de algún grado de complicidad. El caso más paradigmático es el del gobernador de la Provincia de San Juan, José Luis Gioja, y su relación con las empresas mineras. El veto presidencial a la ley de protección de los glaciares es un claro ejemplo de esa sospechada permisibilidad.

Por eso sorprende gratamente el compromiso asumido por la provincia de Santa Fe y sería una muy buena noticia para el desarrollo sustentable de la región, que fuera imitada por las otras dos provincias.

En cambio, resulta llamativo y preocupante que el organismo encargado de implementar cupos, no lo haya hecho aún. Tampoco se convocó a la Comisión de Pesca Continental que integran la Nación y las Provincias.