Ante el temor a quedar -una vez más- envuelto en una polémica sobre contaminación, el Banco Mundial decidió tomar el toro por las astas y quitar del medio al hasta ahora encargado de aprobar las modificaciones que se hicieron en la obra del arroyo Maldonado y que terminaron en la justicia. El tema del aumento también estaría relacionado con la idea de Macri de pagar a las contratistas con bonos.
En reemplazo de Manuel Mariño –el funcionario removido-, el organismo internacional, de cuyas arcas salió el crédito por 130 millones de dólares para el avance de las obras, nombró a una especialista en temas de protección ambiental, Mónica López. Desde el Banco pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que una de las acusaciones hacia las modificaciones –además de que representaban un incremento en los costos de 40 millones de dólares- es que podría afectar el acuífero Puelche.

No sería la única reacción. Circuló una versión según la cual, en las próximas semanas el Banco Mundial enviaría a un grupo de veedores para analizar la marcha de las obras y los cambios efectuados.
“El Banco Mundial reemplazó al funcionario responsable de obra por otra funcionaria, y seguramente vendrá una delegación del Banco en breve para revisar el tema”, contó a La Política On Line el ex legislador porteño, Milcíades Peña, uno de los tres denunciantes que presentó el amparo por mayores costos y posible contaminación.
Ese organismo estuvo en el proceso de conformación del proyecto bajo la tutela de Mariño, quien fue el logró el crédito y quien negoció con los gobiernos de Aníbal Ibarra y Jorge Telerman para que avancen las obras.
Pese al escándalo que está tomando ribetes internacionales, el Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, ratificó la continuación de la obra. “La Justicia paró una parte. Es muy necesaria. No hay riesgo de contaminación, esta obra es una política de Estado, arrancó en el Gobierno de (Aníbal) Ibarra, la adjudicó (Jorge) Telerman y la ejecuté yo". "Por más palos en la rueda es una obra que seguirá avanzando”, aseguró.
Tras el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Juan Vicente Cataldo, el gobierno porteño apeló la decisión. Ahora resta que sean notificados los denunciantes (además de Peña, los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo) y luego sea elevado a la Cámara para que decida si hace lugar a la apelación o no. “No nos notificaron oficialmente de la apelación. Pero su apelación es un desastre. Ellos dicen que el pozo está terminado, la pregunta es, aún si así fuera, ¿quién autorizó eso?”, se preguntó Peña.

“Falta hacer el tapón del pozo a los 35 metros, las mallas que lleva el pozo, y falta la abertura donde van a hacer los túneles. Además, en la apelación dicen que es peligroso frenar la obra se puede caer. Con lo cual ¿qué garantía tenemos de lo que estuvieron haciendo?”, agregó.