El país está en estado de asamblea ambiental. Movilizaciones contra la minería, proyectos de ley para prohibir el glifosato, causas penales que van y vienen y muchos más etcéteras,  son algunas de las novedades que se presentaron en estos últimos siete días. Ni el dinero puesto al servicio de la depredación, ni las actitudes patoteriles lindantes con el autoritarismo que creíamos olvidadas en la larga noche de la dictadura parecen disminuir –todo lo contrario- la ebullición constante donde el lema es concientización y lucha.

El tema del glifosato es un ejemplo de cómo esta dinámica va tomando forma y fuerza. Hasta coqueteó con las crónicas policiales en el caso del robo de 3 mil litros de ese veneno bajo el disfraz de potente herbicida, que ocurrió en la empresa Zanoy Agro en la localidad cordobesa de Tránsito.

Tanto importa y preocupa a los intereses económicos que no es ajena tampoco la censura, como la que sufre la abogada Graciela Gómez –incansable luchadora contra el uso del giflosato- a quien la prensa es esquiva para publicar sus denuncias, en especial la de la provincia de Santa Fe. Pero la lucha se da e todos los frentes y esta vez será el Congreso Nacional el que tenga la última palabra –si no surge el fantasma del veto-, con el proyecto de ley de prohibición del uso del giflosato impulsado por la diputada, Julia Perie. La oportunidad para escuchar los argumentos a favor de ese proyecto será el próximo 11 de agosto, cuando en el edificio anexo al parlamento distintas organizaciones ambientalistas y eminentes científicos expongan sus reflexiones sobre el tema. No es una cuestión menor si se tiene en cuenta que en la pasada campaña agrícola campos y poblaciones rurales en todo el país fueron rociados con más de 200 millones de litros de glifosato

En tanto, Jujuy fue en estos días un hervidero. El 10 encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), con marcha incluida, reunió a organizaciones sociales de todo el país y el exterior que reclamaron el fin de un sistema productivo contaminante. La minería a cielo abierto y sus destructivas consecuencias para el ambiente y para la salud pública fue el blanco de los reclamos.

Hasta el propio gobernador de San Juan, José Luis Gioja –hoy por hoy el mayor lobbista de las empresas mineras-, tuvo en la capital de su feudo una gran marcha que en conmemoración del día mundial contra la minería a cielo abierto pidió por la defensa del agua y la vida. No estuvieron ausentes los reclamos hacia las universidades nacionales por haber aceptado el manchado dinero de esas empresas extractivas. Las explotaciones de Bajo La Alumbrera, en Catamarca, Veladero, en San Juan y Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, fueron el centro de las críticas. Justamente en estos días, trabajadores de la mina La Alumbrera denunciaron que la empresa fraguaba las certificaciones ambientales ISO. A pesar de las ingentes sumas de dinero gastadas en solicitadas y conferencias de prensa para explicar lo inexplicable, la verdad está echando por tierra esos argumentos falaces.

Otro actor de este sistema productivo contaminante que mereció el repudio de las organizaciones fue el de los ingenios azucareros. Mientras que en Jujuy se denunció, una vez más, el desastre que produce la empresa Ledesma con el acopio del bagazo y su incidencia en la enfermedad que ya cobró varias víctimas en la zona de la ciudad de Libertador, en Tucumán, el Defensor del Pueblo, Jorge García Mena, alertó sobre la quema descontrolada de caña y la enigmática lluvia negra que cae después. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 11 personas de cada mil por estos procedimientos. La quema de caña, como método auxiliar de cosecha, está prohibida de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley 6.253, con la modificación introducida por la Ley 7.459. A su vez el artículo 186 del Código Penal establece penas de 3 a 10 años de prisión a quien causare incendios, explosiones e inundaciones. Pero no hay nadie sancionado. La Argentina impune despliega sus tentáculos por todo el territorio nacional. Eso sí, una recomendación: si quiere viajar a Tucumán, infórmese bien de no hacerlo cuando estos elementos volátiles invaden el aeropuerto internacional “Benjamín Matienzo” o correrá peligro de desaparecer en una nube negra y espesa.

En el mismo noroeste, pero un poco más allá en el mapa, los dueños de la tierra protestan por las limitaciones que, según dicen, les impone la ley de Ordenamiento Territorial de la provincia de Salta. Su insaciable apetito por la deforestación no tiene límite. Reclaman millones de hectáreas para la tala y atacan al mismo gobierno que fue, en el mejor de los casos, cómplice al otorgar permisos mientras corrían las horas para llegar a esa ley. Lamentable. Tanto como las falsas imputaciones del diario El Tribuno –perteneciente a la familia Romero y gran defensor de la tala indiscriminada- a la organización ambientalistas Greenpeace.

Pero en esta Argentina del descalabro todo es posible por unos cuantos pesos, despreciando la salud y la vida, es decir, los derechos humanos de millones de ciudadanos. Que otra cosa  sino es la tétrica revelación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de que el 60 por ciento de las aguas envasadas están contaminadas y no respetan el código alimentario. Escherichia Coli –materia fecal-, arsénico y nitratos son algunas de las delicias encontradas en las botellas. La hipocresía hace que algunas de esas empresas integren el Consejo Empresario para el Desarrollo Sustentable. En Tucumán –otra vez-, la presencia de mercurio en las aguas “potabilizadas” en la ciudad de Concepción ya generó una causa penal. El país en permanente movilización social y judicial.

Que lo diga sino el flamante Ministro de Justicia, Julio Alak, que estrena su cargo con una causa penal por los cementerios de automóviles que están a cago de sus cartera y en cuyo interior se encuentra agazapado el mosquito transmisor del dengue. Una nueva epidemia, otra negligencia.

Lo tragicómico de toda esta situación puede resumirse, como no podía ser de otra manera, en la inefable Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y su propuesta de inspeccionar 4103 empresas con un puñado de inspectores. Sólo es hacer matemáticas: con asistencia perfecta, los 38 inspectores propuestos por la Autoridad, tardarían en inspeccionar la totalidad de las empresas en seis años, siempre y cuando se trabajen los 1367 días hábiles a razón de tres inspecciones diarias. Manuelita camina lenta por la vera de lo que ya no parece ser un río, pero no importa, encima de su caparazón, el grupito de inspectores va gritando a voz en cuello: “somos los inspectores de acumar…”. Pan y Circo.