La Corte tiene nuevas amigos. En una semana en que el Alto Tribunal puso la mira sobre determinadas cuestiones ambientales, los jueces decidieron conceder a Greenpeace, Fundación Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la categoría de “Amigos del Tribunal”. De esta forma, las tres organizaciones fueron incorporadas al amparo que comunidades campesinas e indígenas mantienen contra la provincia de Salta y el Estado Nacional por la deforestación en sus territorios.

En un comunicado difundido en forma conjunta, los ambientalistas consideraron que esta resolución permite la presentación ante el tribunal de “una opinión calificada que permitirá arribar a una solución más justa e integral del caso”. Modestias afuera, el aporte de estas tres organizaciones se refiere a la causa “Salas, Dino y otros c/ Salta, Provincia de y Estado Nacional s/ amparo”.

El Tribunal se basó en el trabajo que desde años vienen realizando en contra de la deforestación en la provincia de Salta y sus consecuencias sobre el ambiente y la vida de las comunidades indígenas de la región. Las ONGs pueden aportar a la Corte información calificada respecto de la situación actual y el futuro de los bosques, y recomendaciones para el desarrollo sustentable de la provincia.

La Corte Suprema suspendió el 26 de marzo pasado el desmonte y la tala en cuatro departamentos de la provincia (San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria) tras una medida cautelar presentada por comunidades campesinas e indígenas. El fallo se basó en que “la tala y el desmonte de aproximadamente un millón de hectáreas tendrán un efecto sobre el ambiente que no se puede ignorar”, por lo que “se configura entonces una situación clara de peligro de daño grave porque podría cambiar sustancialmente el régimen de todo el clima de la región”.

La suspensión estará vigente hasta tanto la provincia, junto a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, elaboren un estudio de impacto ambiental acumulativo que de cuenta de las consecuencias ambientales y sociales de estas actividades a nivel regional y presente la cartografía del Ordenamiento Territorial de las zonas boscosas exigido por la Ley de Bosques que determinará de manera precisa las áreas que podrán ser explotadas y las que deberán ser conservadas.

Salta es una de las provincias con mayores niveles de deforestación del país. Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre 1998 y 2002, la superficie deforestada en la provincia fue de 194.389 hectáreas; mientras que entre 2002 y 2006 se duplicó la superficie desmontada, hasta llegar a las 414.934 hectáreas. Durante el año 2007, en pleno tratamiento parlamentario de la Ley de Bosques, el gobierno salteño autorizó el desmonte de 523.722 hectáreas, evitando la moratoria que la norma establece.