Los desmontes en Salta deben parar. Ese clamor atragantado en el alma del pueblo wichi se hizo voz en un grupo de mujeres que llegaron hasta Buenos Aires para pedir por sus tierras. Casi en un susurro, pero con la fuerza que otorga la razón, otra vez fueron las mujeres las encargadas de alertar a la sociedad, tal como está ocurriendo en  distintos puntos del país.

Alguien importante las escuchó. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se hizo eco de genocidio ecológico que llevan adelante empresarios inescrupulosos y gobiernos cómplices en el noroeste del país, e intimó a que se presente un Estudio de Impacto Ambiental en la causa sobre desmontes y tala indiscriminada de bosques nativos denunciados por las comunidades Wichi San Ignacio de Loyola, Zona Bermejo y San José Chustaj Lhokwe. Ahora, el gobierno de Salta y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable deberán cumplir con lo ordenado por el alto tribunal.

Es imperativo que se actúe con rapidez. Baste tomar nota de las reflexiones que Julio Calderón Artieda, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y Fernando Coronado, del Centro Nacional Patagónico, hicieron sobre el proceso de desertificación en América Latina. La gran culpable: la sobreexplotación agrícola y la expansión de los monocultivos a costa del bosque originario. La punta del ovillo para revertir este proceso está en el ordenamiento territorial.

Mientras tanto, el fantasma de Botnia sobrevuela los escritorios de los funcionarios que juegan a ganar en el Tribunal de La Haya. Septiembre será el mes en que nos digan una vez más que no y ahí habrá que ver que hacer con esos molestos asambleístas que no quieren dejar el puente libre. Por ahora, todo es sonrisa para la foto y reuniones de cortesía, como la que se produjo entre funcionarios y asambleístas en le transcurso de la semana.

El próximo martes la vedette será el glifosato, que paseará su mortaja por el edificio anexo del Congreso de la Nación donde se reunirán todos aquellos que lo quieren ver bien muerto y enterrado. Pero a la sentencia de muerte que le quiere dictar la diputada Julia Perié, se opone la visión más contemplativa del secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Homero Bibiloni, que apuesta más a unos objetivos de mínima y a la elaboración de un manual de buenas prácticas.

En tanto, la minería parece haber ganado un nuevo y valioso aliado. El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, tiene la intención de zonificar el Chubut con un criterio minero. Pese a la ley sancionada en 2003 que prohíbe esa actividad en esa provincia patagónica, el gobernador quiere impulsarla en el oeste cordillerano. Cambian las leyes y los criterios de acuerdo a la conveniencia. No importa el ambiente. Hasta Moyano parece haber llegado a un principio de acuerdo y suspendió una movilización hacia la sede de la Secretaría de Minería. Se trataba de un conflicto gremial, de dinero.

Semana rara esta que pasó. Por la televisión, los argentinos pudieron enterarse como la otrora poderosa funcionaria, María Julia Alsogaray, era intimada a pagar sumas millonarias a través del remate de sus mansiones. Vaya paradoja. Pareciera un reflejo de la decadencia que vive hoy día la que en tiempos de María Julia fue uno de los polos de poder en el país: la Secretaría. Hoy, es solo un edificio de pasillos desolados, bolsillos vacíos y políticas ausentes. El ambiente desapareció de la agenda.