Golpear al caído. Ese parece ser la estrategia de Uruguay antes de sentarse ante el Tribunal Internacional de La Haya. En un comunicado oficial, el Gobierno de la Banda Oriental acusó a su par argentino de ser el responsable de suspender los controles medioambientales conjuntos sobre el río Uruguay. Semanas antes, las autoridades orientales de Medio Ambiente habían calificado de “excelentes” los estándares ambientales de la pastera Botnia. Des este lado del charco, los cachetazos caen sobre mejillas enrojecidas por la realidad nacional.

La diferencia entre ambas orillas es notable. Mientras los argentinos dejan vegetar a los asambleístas tomando mate en la puerta del puente que une ambos países, los uruguayos reafirman su política de estado en cuanto a la matriz productiva.

Según el Gobierno uruguayo, en enero de 2006 Buenos Aires se abstuvo de seguir con la vigilancia del río "argumentando la existencia de una controversia iniciada por la República Argentina ante la Corte Internacional de Justicia contra Uruguay sobre la aplicación e interpretación del estatuto del río Uruguay", informó la agencia Efe.

"El argumento esgrimido por Argentina (...) es insostenible, ya que resulta evidente que la existencia de una controversia pendiente ante la Corte Internacional no desvincula a las partes de dar cumplimiento a la obligación de protección y conservación del medio acuático y la protección integral del río", sintetizó el comunicado.

La reacción vino como respuesta a una carta que el eterno embajador, Hernán Patiño, envió al diario de Montevideo “El Observador” donde señaló que el monitoreo no se realizaba por diferencias entre los dos países sobre al instalación de la pastera. Un argumento bastante endeble y que deja al descubierto la poca o nula importancia que se le da a la salud de los ciudadanos. ¿O acaso no importa saber como está medioambientalmente un río, independientemente de una disputa puntual?. Teléfonos descompuestos. Dialogo roto.