Movimiento. El país cruje bajo el constante goteo de demandas sociales y ambientales. En paralelo, y como causa y efecto, una nueva y potente alianza se va afianzando poco a poco, como si buscara el sonido perfecto. La justicia y los ciudadanos parecen haber encontrado el incipiente hilo que los une frente a cuestiones que afectan al ambiente y la salud de los habitantes, es decir, a sus derechos humanos.

En estos últimos siete días se han producido una serie de focalizadas cuestiones que si se ven en perspectiva, muestran un país que reacciona ante serios problemas que les tocan directamente a ellos y a sus descendientes.

En Mendoza, por la mina San Jorge; en Trelew, por la nueva ley minera, en La Rioja, por la vida y por el agua, o en Río Negro, por Lago Escondido, la gente y el acompañamiento creciente de abogados, jueces y fiscales, son un mosaico de ese movimiento en goteo pero vertiginoso. La gente está diciendo basta.

La tarea no es fácil. Las presiones de los grupos de poder son tan fuertes, que hasta tratan de doblegar las decisiones que se toman en el más alto poder de la justicia de cada provincia. Es el caso de Lago Escondido, donde las organizaciones sociales tuvieron que salir a pedir que se respaldara la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro de habilitar un camino que le permita a la gente disfrutar del lago, ante las presiones de fiscales y empresas.

Hay casos muy alentadores, como el de la Jueza Federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, que dictó procesamiento y embargó los bienes de los directivos de la multinacional “Pepsico”, por contaminar la red pluvial. Las cosas se pueden hacer bien y el beneficio sería colectivo.

La Rioja fue y es –mientras se escribe esta columna-, el lugar donde se resumió este emergente de los problemas ambientales y la nueva afinidad entre vecinos, organizaciones y referentes de la justicia y de los derechos humanos. El Foro Social por el Ambiente, que se realizó bajo el lema “la vida y el agua valen más que el oro”, vale para tomar la fotografía de lo que está sucediendo. Los derechos ambientales son, esencialmente, derechos humanos. Esa es la idea madre que nuclea y se hace escuchar y que se verá en el tiempo si puede llegar a ser internalizada por la sociedad toda.

Fue la semana de los mil días. Pero a diferencia de esos otros que prometían aguas limpias entre sonrisas y glamour, estos últimos sólo traen nubarrones.

Mil días son muchos días. Esto es lo que pensó un grupo de Organizaciones No Gubernamentales respecto de esperar todo ese tiempo para el cierre definitivo del basural que el Ceamse tiene en Punta Lara. En vistas que el acuerdo no se cumplió, denunciaron penalmente al gobernador de la Provincia, Daniel Scioli, y al titular del Ceamse, Raúl de Elizalde.

También piensan que son muchos días los asambleístas de Gualeguaychú. Mil días protestando e impidiendo el paso a Uruguay. Muchos días les parecen asimismo a los gobiernos de ambas orillas que llevaron la situación a esta espera soporífera por mezquindad propia y siguen con acusaciones y valentonadas. Los tres esperan a La Haya que entre septiembre y octubre le dará la razón a uno u a otro.

Nadie quiere terminar como el protagonista de “El coronel no tiene quien le escriba”, aquella magistral obra de Gabriel García Márquez. Un viejo coronel retirado que va todos los viernes al puerto a esperar una carta oficial –que nunca llegará- en respuesta a su reclamación por lo derechos que le corresponden por haber servido a la Patria. La Patria lo ignora pese a la justicia de su reclamo. Nadie quiere ser un olvidado. El final es el viejo y abatido coronel expresando con una palabra y en un segundo, su eterna frustración: “Mierda”. Es de esperar que los vecinos no tengan que mascullar lo mismo.

Y mientras tanto, diez toneladas de pilas y baterías usadas que juntaron los porteños en 8 meses no pueden cruzar ni la General Paz, ni tomarse un avión, ni disparar en un barco. Nadie las quiere. Primero fue Buower, en la provincia de Córdoba. Ahí pensaba llevarlos la empresa Taym. La oposición de la población y de las autoridades, que se negaron a ser el patio trasero de los residuos peligrosos de Buenos Aires, frenó el intento. La otra alternativa era el territorio bonaerense, donde se encuentran las otras tres plantas capaces de albergar las pilas. La ley lo prohíbe. El intríngulis hizo reaccionar a los ministros y secretarios de ambiente de las provincias que se sientan en el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Las provincias que ellos representan y donde son gobierno, tienen leyes que habilitan las restricciones de este tipo de residuos. Alguien va a tener que hacerse cargo. El movimiento sigue. El país crujiente es, seguramente, el país vivo.