A principios de julio pasado, el juez en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Vicente Cataldo, aceptó una medida cautelar solicitada por los legisladores de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya y Facundo Di Filippo, junto al ex diputado porteño Milcíades Peña, en la que solicitaban suspender la obra del Arroyo Maldonado.

La polémica judicial se originó porque el gobierno de Mauricio Macri modificó en forma inconsulta el proyecto que había sido aprobado por la Legislatura mediante la ley 1660  en el año 2005, por gravísimas irregularidades administrativas, sobreprecios y la posible contaminación del acuífero Puelche.

Ante la apelación de la medida cautelar por parte del Gobierno de la Ciudad , el viernes pasado, los tres magistrados de la Sala II de la Cámara porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Eduardo Russo, Mabel Daniele y Esteban Centanaro, realizaron una inspección ocular sobre las obras, las cuales recorrieron durante unas dos horas y requirieron la opinión de los peritos de los diputados denunciantes como de los ingenieros de la empresa constructora.

La obra, una de las más ambiciosas del Gobierno de Macri, consiste en la construcción de túneles aliviadores paralelos al entubado arroyo Maldonado, que atraviesa la ciudad de Buenos Aires por debajo de la avenida Juan B. Justo y desemboca en el Río de la Plata en Punta Carrasco, lugar donde se realizó un enorme pozo -de unos 32 metros de diámetro- donde comenzaría a trabajar una “tuneladora” traída desde Italia para construir los canales aliviadores del Maldonado.

Para comprender la problemática es importante tener en cuenta que la empresa que ganó la licitación es la constructora Ghella Italiana. Esta empresa, luego de obtener la adjudicación de la obra, se asoció con la argentina IECSA, una empresa que pertenece a la familia Macri: su titular fue Franco –el padre de Mauricio–, que se desprendió de la compañía antes de que su hijo asumiera como jefe de Gobierno, pero la dejó en manos de su sobrino, Angelo Calcaterra, primo de Mauricio.

Ya adjudicada la obra, y sin que se mueva siquiera una piedra, se autoriza un cambio radical de construcción del proyecto original. Este cambio de proyecto no está autorizado, ni en la ley 1660 que autorizó la obra, ni en los pliegos de licitación, ni en la licitación, ni en el contrato.

Este inesperado cambio del proyecto representó un incremento en el costo de la obra de aproximadamente 16 millones de dólares.

Resulta insólito el abultado sobreprecio que autorizó el Gobierno de la Ciudad , atento que la licitación planteaba detalladamente las obras a realizarse y las ofertas se realizaron en consecuencia.

A su vez,  de la lectura de las actuaciones, queda claro que fue la empresa contratista, y no el Gobierno de la Ciudad , quien promoviera la modificación al Pozo original que la terminó beneficiando en varios millones de dólares.

Mas allá de esta escandalosa autorización del Gobierno de la Ciudad sobre el millonario aumento de costos que deberá ser investigada judicialmente, resulta importante señalar que la modificación autorizada por la Ciudad significa un impacto mayúsculo sobre el Acuífero Puelche: mientras la profundidad del pozo original era de 31 metros y apenas alcanzaba el acuífero Puelche, la nueva versión del pozo es de 48 metros y lo atraviesa por completo hasta enclavarse en el techo del Acuífero Paranaense.      

Con esta realidad, insólitamente, la Evaluación de Impacto Ambiental, además de haberse iniciado con posterioridad al comienzo de las obras, fue analizada y aprobada en solo un día por cinco organismos distintos de la Ciudad. Si , leyó bien, en sólo un día con la firma de cinco organismos diferentes, a pesar de la magnitud y complejidad de las obras y las miles de fojas a examinar.

En la actualidad el Acuífero Puelche tiene más importancia para nuestro país que el Acuífero Guaraní. El Guaraní se encuentra a más de 900 metros de profundidad, mientras que el Puelche se encuentra entre los 30 y 72 metros de profundidad, según la zona, y con un volumen probable de 40 Km3 que podría abastecer a una población estimada de 28 millones de habitantes a 300 litros por persona por día. El Puelche es, actualmente, la principal reserva de agua potable de la Argentina : da de beber a buena parte del área metropolitana, provee a sus industrias y riega la zona que genera gran parte del producto bruto agrícola del país.

En suma, las constantes contradicciones que surgen de los instrumentos administrativos, la inusitada y sorprendente rapidez en aprobar la Evaluación de Impacto Ambiental, la audiencia pública realizada con posterioridad a la mencionada autorización ambiental, la repetida ausencia de datos e información en los expedientes administrativos, dispara, sin duda, la aplicación del Principio Precautorio incorporado positivamente en la ley 25.675.

Todo este desaguisado, que podría afectar irremediablemente una de las principales fuentes de agua de nuestro país, evidencia claramente que este tipo de soluciones mágicas o “faraonescas” son propias de los que tienen una típica y sesgada mirada “ingenieril” de los problemas urbanos. Esta mirada es la misma que no comprende, o prefiere no comprender por complicidad con la especulación inmobiliaria, que una de las grandes causas de la problemática es la ausencia de un ordenamiento ambiental del territorio cuyas principales consecuencias son la construcción indiscriminada e irracional y la ausencia de espacios verdes que actúen como áreas absorbentes de las precipitaciones.

Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA)

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