Opinón

Con fecha 17 de abril de 2009 la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en uso de las facultades que le confieren los artículos 41 y 43 de la Constitución Nacional, en representación de todos los ciudadanos del territorio nacional, inició una acción de amparo ambiental, para obtener de inmediato en todo el país el cese, distribución y comercialización de los agrotóxicos glifosato y endosulfan, que coronan a la sazón, el set de Round Up (RR) que ha materializado Monsanto, y que ocupan otras empresas, para comercializar el logro de un mayor rinde de soja en cualquier lugar de la República, a cambio de la intoxicación, muerte y malformación de seres humanos, y de la destrucción de los campos, generando una suerte de monocultivo y monopolio de esas empresas sobre los productos que ellas solo venden y que solo ellas pueden sustituir.

Se exige en aquella además temporizar en 180 días los estudios de la comisión creada por decreto presidencial número 21/09.El reclamo entonces proviene de la ausencia de respuesta de la Corte ante la gravedad de los hechos denunciados, situación que conmueve ante el desarrollo de las enfermedades, y demás situaciones gravosas ya probadas sobre humanos en todo el interior del país, con motivo de estos productos del oprobio. La causa 262/09 duerme desde su inicio en el despacho de la Procuración de la Corte Suprema, esperando quizás que los sucesivos acontecimientos políticos - jurídicos modifiquen la cruel realidad que acecha. Mientras tanto seguimos comprobando mas muertes y dramas por su aplicación indiscriminada, a expensas de la vulneración normativa del principio precautorio del artículo 4 de la ley 25.675. Habrá que pensar entonces, en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos sobre aquellos intendentes o gobernadores que no actúen de inmediato en virtud de la no aplicación de dicha normativa de orden público (artículo 3*)

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