La letra con sangre entra, y si esa sangre tiene consistencia metálica (dinero), entra más. Al Juez  Roberto Gallardo no le va ese jueguito de intimar permanentemente para que nadie cumpla. Es así que ante el incumplimiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de trasladar a los habitantes de la Villa 26 –ubicada a orillas del Riachuelo- a unos terrenos adquiridos en Barracas, donde no se construyó ni una sola vivienda, le libró un embargo por 30 millones de pesos.

La historia se remonta al 2006, año en que la legislatura porteña aprobó la ley que declaró la emergencia ambiental de la cuenca Matanza Riachuelo, por la cual se establecía el inmediato traslado de ese barrio carenciado donde se presentaban numerosos casos de afecciones respiratorias por la contaminación emanada del Riachuelo.

Para cumplir con ese requisito, el gobierno de Mauricio Macri compró tres grandes terrenos en Barracas, sobre las calles Pedro Chutro, Goncalvez Díaz, San Antonio y Luzuriaga, y se realizaron todas las licitaciones para construir las viviendas –financiadas por la Nación- e incluso se adjudicaron las obras a la constructora Raffo y Mazieres.
A casi tres años de tomar aquella decisión, no se construyó ni una pared en los lotes comprados. “En el gobierno dicen que el IVC no tienen fondos, eso revela las prioridades que le da el gobierno de Macri a la vivienda y la salud de los sectores más humildes”, dijo el abogado patrocinante de los habitantes de la villa, Alejandro Franco.

Franco presentó un pedido de embargo y el juez Roberto Gallardo lo concedió y lo fijó en 30 millones. La decisión provocó que el gobierno de la Ciudad recusara al magistrado, a quien acusó de “enemistad manifiesta”, y ahora será la Cámara la que resolverá sobre la cuestión.

Pese a las críticas, el Juez citó al titular del IVC, Roberto Apelbaum, para que "en forma personal e indelegable" comparezca el 8 de septiembre "munido de la documentación" que explique que medidas se tomaron para avanzar en el trasladao de los habitantes de la VIlla 26 y ordenó al ministro de Salud, Jorge Lemus, para que en el término de tres días informe al tribunal si tomó medidas especiales de salud respecto de los habitantes de la villa.